Otro escandaloso caso de mora judicial se ha vuelto público recientemente, cuando una publicación de Última Hora reportó que una jueza ha suspendido en 19 ocasiones el inicio de un juicio por violencia intrafamiliar. La magistrada aludida además soporta un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tras ser denunciada por una presunta parcialidad manifiesta en un caso de presunta violación del deber de cuidado. En el Paraguay, nos urge contar con una Justicia que no siga generando arbitrariedades e injusticias.
Más allá de la polémica y el escándalo que suponen los casos de mora judicial a los que, lamentablemente, nuestro sistema judicial nos ha habituado, cada nuevo hecho que se hace público logra sorprender nuestra capacidad de desconcierto y a la vez de indignación.
Hace apenas unos días, Última Hora había publicado acerca de la situación generada por una jueza, que ya llevaba 19 suspensiones para el inicio de un juicio. Llegados a ese punto no habría mucho material para el asombro; la cuestión es que el juicio largamente dilatado se trata de un caso por violencia familiar.
La jueza en cuestión soporta un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al haber sido denunciada por una presunta parcialidad manifiesta en un caso de posible violación del deber de cuidado.
Ya había sido señalada por un ministro de la Corte Suprema de Justicia, pues durante tres días casi consecutivos suspendió 9 juicios orales y públicos, alegando causas personales. Ahora, una vez más se la apunta por un caso similar, en que ya fueron suspendidas en 19 ocasiones el inicio de un juicio por violencia doméstica.
Respecto al caso, en dicha causa por violencia doméstica, el procesado sufre de una grave dolencia y la víctima vive con una condición cognitiva disminuida; pese a ello, la magistrada ha resuelto la suspensión de 19 veces del inicio de las audiencias del juicio convocado para este caso. También se sabe que hay situaciones graves de problemas de movilidad y que además residen lejos de la capital. A diario, somos testigos de situaciones de violencia que incluso han acabo en feminicidios, por el no actuar de las instituciones que deberían prestar atención y protección a las víctimas de violencia.
Hasta el momento, los ciudadanos recibían casi acostumbrados las informaciones respecto a casos de mora judicial que lograban otorgar impunidad a funcionarios y autoridades electas, involucradas, la mayoría de las veces, en situaciones de corrupción pública.
Asimismo, eran frecuentes los informes periodísticos que referían a casos como el de la ciudadana que estaba aguardando casi veinte años a que le levantaran una hipoteca, y al mismo tiempo, mientras una ciudadana soportaba un verdadero calvario, cinco delincuentes se beneficiaban con las dilaciones esperando a que sus causas se extinguieran. Era el caso de cinco acusados por presunto narcotráfico.
Por otra parte, no son siempre los jueces quienes aceptan las dilaciones. Recordemos aquel caso en que la Corte Suprema de Justicia había cerrado un caso después de 18 años de que se hubiera iniciado; así como también se puede mencionar otro caso, en el que la Justicia tardó cuatro años en resolver una acción de inconstitucionalidad planteada al comienzo en una causa –ahora ya prescripta–, donde se denunciaba un millonario desvío de dinero público.
Es sumamente grave que nuestros agentes de justicia hayan llegado a estos grados de insensibilidad e irresponsabilidad de chicanear un caso de violencia familiar. Esto comprueba los escandalosos niveles que ya ha alcanzado la impunidad. En la mayoría de estas situaciones de impunidad son siempre los ciudadanos comunes quienes pierden, y al mismo tiempo, los beneficiados son siempre los deshonestos que defraudan el dinero del Estado.
El Paraguay ya no puede tolerar ni admitir una Justicia complaciente, pues en esencia es un verdadero atentado contra el sistema democrático y rompe con la garantía del igual acceso a la Justicia para todos los ciudadanos.
