Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, denunció ante el Ministerio Público un esquema irregular que consistía en retener actas por contravenciones a farmacias y locales gastronómicos, lo que impedía la aplicación de multas y, en algunos casos, llevaba a la prescripción de las infracciones.
Según Pereira, se trata de unas 100 actas de intervención que funcionarios de salubridad, dependientes de la Dirección de Defensa del Consumidor, habrían retenido de forma indebida, presuntamente a cambio de posibles beneficios económicos, evitando así su remisión al Juzgado de Faltas para el inicio de los sumarios correspondientes.
“Lo que se detectó fue la existencia de un esquema que evitaba enviar a tiempo las actas por contravenciones a farmacias y locales gastronómicos al Juzgado de Faltas, para que inicien los sumarios correspondientes e impongan las multas que se derivan de la ordenanza. Y los funcionarios de la dependencia de Salubridad, que dependen de Defensa del Consumidor, retienen las actas hasta que se dé la prescripción. Ese es el hecho denunciado”, sostuvo Pereira a radio Monumental 1080 AM este martes.
El interventor señaló que “al momento de conocer una situación que podría llevar algún tipo de conducta antijurídica”, comunica al respecto a la Fiscalía y recordó que esta es la cuarta vez que lo hace.
“Pero ya la Contraloría General de la República denunció estas mismas irregularidades, lo que ha motivado el inicio de esta intervención que hoy me toca conducir”, reforzó.
“Yo no realizo denuncias contra nadie”, dijo también Carlos Pereira, agregando que “lo que se quiere establecer es cuál es la responsabilidad de las personas o funcionarios que, debiendo haber hecho un procedimiento, no lo han hecho o, si lo hicieron, lo hicieron después de tres meses”, lo que generó prescripciones.
El interventor Carlos Pereira señaló que presentará su informe completo la próxima semana, a más tardar el viernes 22 de agosto.
La Municipalidad de Asunción fue intervenida luego de denuncias por supuestas irregularidades en la administración del intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
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Según el interventor, el porcentaje de avance de obras de la Municipalidad es muy bajo. La de Santo Domingo y General Santos lleva un 2%, mientras que las del Abasto están en un 35%. Sin embargo, Carlos Pereira no supo precisar cuál debería ser el alcance de las obras a la fecha.
Anteriormente, el interventor había asegurado que se encontró con direcciones donde figuran 42 funcionarios, pero solo encontró a cinco trabajando. También señaló que tecnología para el control de los trabajadores es deficiente y existe una normativa que permite que directores y asesores no estén obligados a marcar asistencia.
La Comuna capitalina no cuenta con disponibilidad financiera para afrontar sus compromisos. Solamente en préstamos, la Comuna debe G. 65.000 millones. Mientras que existen otros G. 50.000 millones solo por los intereses vencidos de bonos. En total, la suma de bonos a pagar asciende a G. 1,6 billones, incluyendo intereses y pagos de capital.
Por otro lado, según el interventor, parte del dinero de los bonos fue desviado por la administración de Rodríguez para el pago de salarios.
