Durante su habitual conferencia de prensa, ofrecida en el día 31 del proceso de intervención, Ramírez aseguró que ya se logró constatar la existencia de transferencias millonarias a comisiones vecinales sin respaldo documental ni cumplimiento de requisitos legales básicos.
“Estamos llegando a la ciudadanía con hallazgos concretos. Esto no son solo suposiciones, son hechos documentados. Ya podemos decir que hay una práctica institucionalizada para eludir los controles legales y distribuir fondos públicos sin justificación real”, afirmó el interventor.
Según explicó, los montos detectados hasta ahora en transferencias irregulares superan los G. 3.000 millones. “Tenemos casos en que los fondos fueron entregados sin que exista un proyecto, sin un plan de actividades, sin informe técnico, sin cuenta bancaria a nombre del beneficiario, sin cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero”, detalló.
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Ramírez también apuntó que la Municipalidad no respetaba los pasos legales para la adjudicación de contratos. “Detectamos pagos a proveedores antes incluso de que fueran adjudicados oficialmente. Esto demuestra que los procesos estaban montados desde el principio”, denunció.
En uno de los casos que citó, una empresa cobró el 29 de diciembre del 2020, dos días antes de que se firmara la resolución de adjudicación. “Mágicamente, la empresa sabía que iba a ganar y ya tenía el cheque en la mano antes de que se emitiera el documento. Esto no es un error administrativo, esto es un montaje premeditado”, sostuvo.
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Asimismo, el interventor aseguró que muchas de estas irregularidades ya habían sido advertidas por la Contraloría General de la República (CGR), pero que ahora se tiene en mano las pruebas documentales para confirmarlas. “Los puntos que la Contraloría había señalado, hoy los estamos comprobando con documentos oficiales de la propia Municipalidad. Y no solo en un año, el patrón se repite en 2021, 2022… Esto no es casualidad, es un sistema”, aseveró.
Ausencia de informes
Ramírez también cuestionó la ausencia de informes de rendición de cuentas por parte de las comisiones regionales beneficiadas. “Ni siquiera se molestaron en presentar los formularios exigidos. No hay seguimiento, no hay control. Es como si el dinero desapareciera”, expresó.
En tono crítico, añadió: “La ley exige que los aportes estén justificados y documentados. Pero lo que encontramos es que el trámite era simplemente una formalidad para encubrir decisiones que ya estaban tomadas dentro de la Municipalidad. Todo se hacía desde adentro, hasta las notas de solicitud”.
Finalmente, el interventor advirtió que los hallazgos serán enviados al Ministerio Público y a los organismos de control competentes. “Estamos cumpliendo con nuestro deber conforme a la ley de intervención. Vamos a seguir con la revisión en profundidad, pero ya podemos afirmar que estamos ante una administración que violó sistemáticamente las normas”, concluyó.
