El suspendido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intimó al interventor Ramón Ramírez a ratificarse o rectificarse de sus “declaraciones maliciosas y datos falsos”, que dañan su imagen y gestión.
Asimismo, Ramírez se ratificó en sus dichos, afirmando que es un intento de intimidación por parte del intervenido y su entorno. Aseguró que su equipo seguirá informando a la ciudadanía con transparencia.
La abogada de Prieto, Gilda Portillo, anunció que procederán con una demanda por calumnia y difamación.
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En su conferencia semanal, el interventor habló de supuesto desvío de combustible, obras fantasmas y superpoblación de funcionarios. Tras dichas declaraciones, el equipo de Prieto se constituyó en la mañana de este jueves en la Municipalidad. Alfredo Ramírez, nexo asignado por Prieto ante el equipo interventor; la abogada del suspendido jefe comunal, Gilda Portillo, y la escribana Lizzie Cáceres intimaron a Ramírez, quien se ratificó en sus dichos.
La medida responde a lo que Prieto considera una campaña de desinformación, con datos falsos que lesionan su imagen y afectan directamente la gestión comunal que encabezaba. Se refiere concretamente a las afirmaciones del interventor emitidas el martes 15 de julio, en una rueda de prensa ofrecida desde el propio despacho de la Intendencia a las 08:00.
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En dicha ocasión, Ramírez habló sobre la cantidad de funcionarios municipales, una supuesta mejora en la recaudación, irregularidades en la rendición de la caja chica, el uso de combustibles y el estado de obras como la construcción de plazas. Todos estos puntos fueron considerados por el entorno de Prieto como falaces, maliciosos y carentes de sustento documental.
El interventor se ratifica y anuncian demanda por difamación y calumnia
Para dejar constancia oficial del pedido de ratificación o rectificación, la escribana Lizzie Cáceres acudió acompañada de la abogada defensora del intendente, Gilda Portillo. Ambas fueron recibidas por el propio interventor, quien estuvo acompañado por su representante institucional en el proceso, Alfredo Ramírez. Lejos de atenuar sus palabras, el interventor se ratificó en todos los puntos cuestionados, según confirmó la misma escribana tras el acto notarial.
Ante esta postura, la abogada Portillo anunció que procederán con una demanda formal contra el interventor por calumnia y difamación. “Lo que ha dicho públicamente daña el honor de un servidor público, sin pruebas reales, y eso constituye un hecho punible. Las documentaciones internas de la institución desmienten sus dichos”, expresó Portillo tras la diligencia.
Para Prieto, los datos vertidos por Ramírez fueron difundidos en medios de comunicación sin la debida verificación, y utilizados para instalar un relato político adverso a la gestión del jefe comunal, hoy apartado de sus funciones tras la intervención.
El equipo del intendente Prieto considera que la intervención en sí ha derivado en un escenario de persecución mediática, en el que las cifras se manipulan para desprestigiar una gestión municipal que asegura haber trabajado con transparencia y planificación.
“Estamos molestando con la información que damos”
Ramón Ramírez afirmó posteriormente que el suspendido intendente Miguel Prieto busca intimidarlo. “Es una intención de amedrentamiento, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No vamos a retroceder ni un milímetro”, expresó Ramírez, firme en su postura.
“Estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente”, agregó, insinuando que las revelaciones de la intervención incomodan al entorno del suspendido jefe comunal, que utilizó las redes sociales para realizar su descargo.
“Me ratifiqué en todos los puntos”, confirmó Ramírez. Reconoció que en una conferencia anterior había dado cifras aproximadas sobre la cantidad de funcionarios, pero aclaró que “los números exactos fueron mencionados en otra conferencia, y están respaldados en documentos”.
Para el economista, este tipo de acciones forman parte de una estrategia para frenar el trabajo de la intervención. “Evidentemente es un intento de intimidarnos en el trabajo que estamos llevando adelante, pero vamos a seguir haciéndolo sin ningún tropiezo y con el mismo ímpetu”, aseguró.
La intervención en Ciudad del Este se instaló con la misión de auditar y fiscalizar la Administración municipal tras denuncias de presuntas irregularidades. Desde entonces, los cruces entre ambas partes no han cesado.
Mientras Prieto denuncia una campaña de desinformación en su contra, el interventor sostiene que su equipo solo está cumpliendo con la obligación de informar a la ciudadanía. “Vamos a seguir adelante. No se trata de un ataque personal, sino de una gestión transparente, con datos y hechos”, sentenció Ramírez.
