En Paraguay, ir preso por corrupción es más un trámite que una condena real. El trato que reciben los intendentes y gobernadores sentenciados por hechos de corrupción demuestra que el castigo penal no opera con la misma severidad para todos. Mientras los presos comunes cumplen penas completas en condiciones degradantes, los condenados por corrupción apenas pisan una celda antes de volver a sus casas, favorecidos por mecanismos de compurgamiento anticipado, sentencias mínimas, dilaciones judiciales estratégicas y complicidad institucional.
Ante esta crisis, el Observatorio de Causas Emblemáticas del Poder Judicial, creado en 2019 tras la presión de organizaciones ciudadanas, surgió como una herramienta para transparentar los procesos contra autoridades locales. Esther Roa en tanto describe una lucha titánica que no ve resultados, mientras las cárceles se llenan de presos comunes incluso sin condenas.
De 32 expedientes contra intendentes y 6 contra gobernadores, solo uno derive en una condena firme con prisión efectiva.
Las detenciones no son producto de una estrategia estatal coordinada, sino hechos circunstanciales. La ausencia de condenas ejemplares y la prevalencia de suspensiones condicionales o sobreseimientos por prescripción refuerzan la impunidad sistémica.
La ciudadanía, que impulsó esta herramienta, hoy ve cómo se la margina de los procesos de control. Las denuncias no se investigan. Las presiones políticas paralizan causas enteras. Y el 80% de los casos de corrupción municipal ni siquiera llegan a la imputación formal.
El peso muerto del sistema judicial
La corrupción judicial es la antesala de la impunidad. Las fallas estructurales se multiplican. Dilaciones procesales deliberadas sin sanción, que acumulan años hasta que los plazos permiten la prescripción o extinción del caso. Auditorías internas sin consecuencias públicas, que no derivan en sanciones a jueces, fiscales o defensores. Acciones de inconstitucionalidad manipuladas, que frenan procesos penales antes de llegar a audiencias preliminares o juicios.
Una Fiscalía anticorrupción sin estructura; con solo 14 fiscales, sin peritos ni presupuesto suficiente, se encuentra imposibilitada de llevar investigaciones complejas. Mínima especialización judicial apenas dos jueces, dos tribunales de apelación y dos tribunales de Sentencia especializados en corrupción.
El resultado es previsible, impunidad garantizada para las élites locales y desgaste institucional que erosiona la confianza pública en la Justicia.
Impunidad estructural como norma: “Todo sigue igual”
El verdadero drama no está en las cifras aisladas, sino en la lógica de impunidad que se ha normalizado. El tiempo juega a favor de los corruptos. Los delitos se prescriben sin juicio. Los castigos se transforman en privilegios.
La Justicia actúa como una red de protección para los poderosos. Este fenómeno no es accidental. Es una consecuencia del modelo de Justicia selectiva que premia la pertenencia política y castiga la debilidad social.
En senador Eduardo Nakayama ante la reciente salida en libertad del gobernador Hugo Javier se refería que la Justicia hoy da un mensaje claro a los corruptos. “tomen todo y en 6 meses salen”. El legislador habló entonces de elevar pena y criterios en casos de corrupción en la administración pública, esto no paso de un discurso en tanto no se impulsan nuevas normativas.
Ciudadanía está entre la vigilancia y la exclusión
Ante este panorama, la ciudadanía se convierte en la última línea de defensa. Desde el impulso al Observatorio hasta las denuncias ante la Contraloría General de la República, los ciudadanos intentaron forzar una rendición de cuentas. Pero el sistema responde con indiferencia o represión.
Las denuncias son archivadas sin investigación. Las fiscalías se alinean con los intereses locales. Los denunciantes son estigmatizados o judicializados.
En más del 90% de los municipios y gobernaciones se cometen hechos de corrupción. Y de esos, solo el 20% llega siquiera a una imputación. Es decir, el 80% se entierra antes de ingresar al circuito judicial, según ennumeran desde el Observatorio de Causas Judiciales de corrupción.
