Este jueves se llevó a cabo el peritaje de firmas, con las cuales supuestamente se retiraron grandes sumas de dinero, que tendrían que haber sido destinadas a comités de productores. Hasta el momento, nadie sabe dónde fue a parar todo el dinero.
Los pobladores y miembros de la Contraloría Ciudadana de Independencia se manifestaron frente a la Fiscalía de Villarrica para exigir que se haga justicia.
Lea más: Fiscal imputa y pide prisión del intendente de Independencia por contrabando
Balbina Gavilán, de un comité de productores de la compañía Santa Cecilia, dijo que se retiraron G. 22 millones, dinero que el comité nunca recibió. Incluso señaló que ni siquiera se solicitó ayuda alguna a la Municipalidad. “Se puso la firma de nuestra presidenta, quien supuestamente firmó para retirar”, expresó.
Eva Cristaldo, de la Contraloría Ciudadana, indicó que se encuentran siguiendo de cerca la investigación y que esperan que la Fiscalía investigue con celeridad, ya que cada día encuentran más sorpresas en la comunidad. Añadió que esperan ansiosos los resultados del peritaje.
“Queremos que el intendente devuelva el dinero del pueblo. Estamos cansados de las irregularidades dentro del Municipio”, comentó Cristaldo.
Por su parte, el intendente de Independencia, Francisco Arnaldo Chávez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), sostuvo que él no falsificó ninguna firma y negó todas las acusaciones que realizaron en su contra, alegando que todo se trata de una persecución política.
Entérese más: Concejales de Independencia se encadenan y piden imputación de intendente
Según la Fiscalía, además del caso de supuesta falsificación de firmas, el intendente también estaría vinculado a un caso de supuesto contrabando de azúcar, luego de haberse encontrado unos 3.000 kilos de azúcar de origen brasileño, presumiblemente de contrabando, en el auditorio municipal tras un allanamiento.
Según los datos, esa cantidad de azúcar se pretendía repartir a través de los kits alimenticios que se estaban preparando para entregar a los pobladores de la zona por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
El presidente de la Junta Municipal, José Antonio Resquín, explicó que este es solo uno de los 11 procesos judiciales que el intendente tiene en su contra y remarcó que ninguna de las denuncias las hizo la Junta Municipal, añadiendo que algunos ediles incluso encubren las acciones del intendente.
El fiscal Édgar Gustavo Sánchez había formulado la imputación contra el intendente por el presunto contrabando de azúcar y además solicitó su prisión preventiva.
La Contraloría General de la República presentó también una denuncia ante el Ministerio Público, por supuesta lesión de confianza, por más de G. 388 millones.
El ente contralor realizó una auditoría en el citado Municipio y como resultado de dicho trabajo se pudieron constatar las supuestas irregularidades, cuya investigación quedó a cargo de la Fiscalía.
