Con ello, además de Olmedo, fueron beneficiados también los coprocesados Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel Sánchez Arza, Flavio Duarte y Arnaldo Gauna Martínez.
Todos ellos habían sido procesados por la supuesta lesión de confianza, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Se hablaba de un perjuicio de unos G. 700 millones.
En principio, hubo un pedido de sobreseimiento definitivo por parte de la fiscala Milena Basualdo. Sin embargo, esto fue cambiado luego por la fiscala Tamara Ávalos, quien solicitó el sobreseimiento provisional.
Sostuvo que debía realizar varias diligencias, para determinar si está o no en condiciones de acusar a los procesados o, en su caso, requerir algún otro tipo de requerimiento conclusivo al magistrado.
PEDIDOS. Sin embargo, las defensas de seis de los procesados solicitaron el sobreseimiento definitivo, teniendo en cuenta la petición anterior del Ministerio Público.
La defensa del actual jefe comunal de Ñemby, Tomás Olmedo, solicitó el sobreseimiento definitivo, teniendo en cuenta el pedido inicial presentado por la agente fiscal Basualdo.
Por su parte, la defensa de Marcos Isaías Meza Ortiz sostuvo que el mismo asumió su cargo recién a finales de 2023, por lo que no participó de los hechos investigados.
Igualmente, la defensa de Flavio Duarte argumentó que los informes preliminares de la auditoría de la Contraloría no evidenciaron daños patrimoniales.
Asimismo, las defensas de Enrique Delvalle García y Daniel Sánchez Arza se adhirieron a los pedidos de sobreseimiento definitivo.
Finalmente, el representante de Arnaldo Gauna Martínez indicó que no existía vínculo entre él y los hechos investigados.
Tras analizar los pedidos, el juez de Delitos Económicos, rechazó los pedidos de sobreseimiento definitivo, debido a que no se pueden discutir cuestiones referentes al juicio oral.
Con ello, ahora, la Fiscalía tiene un plazo de un año para reabrir la causa.
