A pesar de que el gobierno sabía que tenía la responsabilidad de la negociación, no está mostrando su mayor esfuerzo en ni en este proceso ni en realizar las transformaciones para garantizar un cambio estructural en el sector teniendo en cuenta que nuestra matriz de consumo es sumamente ineficiente económicamente, insostenible ambientalmente e inequitativa socialmente.
Paralelamente a la revisión del Anexo C, Paraguay ya debería haber iniciado la implementación de un plan que modifique la demanda energética; sin embargo no se ha hecho gran cosa y, al contrario, las señales muestran se está profundizando la matriz actual.
Del total de energía consumida solo el 40,1% es de energía eléctrica mientras que la biomasa representa el 44,2% y los combustibles fósiles el 15,7%. Estos dos últimos tipos de energías con importantes externalidades negativas para el ambiente.
En los últimos 20 años además creció el consumo de hidrocarburos haciéndonos más dependientes de la oferta internacional, situación que nos está afectando actualmente siendo productores de energía ambientalmente amigable y más barata. Al contrario de lo que deberíamos haber hecho, en los últimos años todas las políticas tendieron a profundizar una demanda energética con alto impacto negativo en lugar de iniciar los cambios que exige la transición energética.
Paraguay ha incentivado tributariamente la instalación de industrias que utilizan biomasa, otorgó subsidios al transporte público basado en combustibles fósiles e invirtió en infraestructura urbana impulsando el uso de movilidad individual. En términos de la política fiscal, los incentivos están puestos para profundizar un modelo con muchas desventajas y sin evaluaciones que muestren sus efectos positivos.
Frente a la crisis que enfrenta la ciudadanía de menores recursos en materia de movilidad en los centros urbanos, el gobierno tenía la oportunidad de presentar un plan de reconversión del transporte público de manera a impulsar una mejor calidad del transporte público y con el uso de energía eléctrica.
Hasta ahora no dan muestras que permitan visualizar un cambio radical a pesar de la demanda ciudadana y del ofrecimiento de un sector empresarial interesado. Pareciera que las autoridades económicas y con competencia en el transporte público están capturados por el sector que históricamente se ha beneficiado con la política tradicional.
No puede ser que después de casi 4 años de gobierno no puedan presentar a la ciudadanía un plan de transporte público renovado y moderno. Muchas ciudades latinoamericanas lograron en pocos años el cambio y cuentan con suficiente evidencia y experiencia de lo que les funciónó o de o que falló.