El informe final de la intervención de la Municipalidad de Asunción reveló que se gastaron “enormes cantidades de dinero público” en software y sistemas de procesamiento digital que en muchos casos no se utilizan.
Como se indica en el documento, estos sistemas fueron instalados en diversas dependencias de la Comuna, pero no están integrados ni tampoco son interconectados por las direcciones y dependencias “por no haberse resuelto su obligatoriedad por la máxima autoridad”.
Esta situación “favorece la opacidad y la corrupción de todos los procesos de gestión municipal”, asevera el informe, en el que se mencionan denuncias por alteración de datos.
Se resalta el caso del Sistema de Administración Tributaria Integral (Satí), por el que la Comuna ya gastó más de G. 50.000 millones en pagos realizados al Consorcio TX para la puesta parcial en funcionamiento del sistema hasta el 2019.
El sistema Satí se encuentra actualmente incompleto, desactualizado y funcionando solo parcialmente en la Dirección de Recaudaciones, “pero faltando por ejemplo la actualización del módulo de ubicación georreferenciada y fotografía digital de los inmuebles y sus cuentras catastrales, sujetas de diversos impuestos y tasas municipales bajo formato geoscan desde 2019".
El informe señala que existen además sistemas digitalizados de seguimiento de expedientes administrativos “desarrollados ya hace años como el SSE y el Sistema de Gestión documental (GEO), y otros sistemas de seguimiento y procesamiento para la gestión de los recursos humanos del Municipio, denominado SIRH, SIRH-2", como también el sistema de área médida y el sistema biométrico.
No obstante, “en la mayoría de las Direcciones, dependencias y ubicaciones descentralizadas de la Municipalidad se llevan los trámites de expedientes y solicitudes de todo tipo, a mano en soporte papel”.
En la mayoría absoluta de las dependencias, recalca el informe, “los funcionarios municipales no están usando ni cargando la información en las plataformas de digitalización ya mencionadas que se citaron arriba y que permitirían ejercer algún control sobre la trazabilidad procedimental y legal de los trámites” que se realizan.
La intervención halló además un total de 28 sistemas que no tienen “una aplicación de uso relevante” en la Municipalidad, “a tenor de los resultados de gestión general”.
Entre ellos, se menciona por ejemplo el módulo de oficina virtual de Satí, en el que los ciudadanos deberían poder presentar, por ejemplo, sus planos y requisitos de manera digital. “No está operativo –indica el informe–. Este sistema (Satí) está incompleto y debía reemplazar al SIREC (viejo sistema de gestión de las recaudaciones), pero no se completó”.
Otro sistema que no se usa es el de seguimiento de expedientes (SSE). Hay una alta resistencia de los funcionarios municipales a usar el sistema, resalta el informe.
Se resalta también el sistema de Intranet institucional, “de uso reducido y limitado, sin evidencia de impacto real”; el SIFOR3, que no se usa y debería servir para formulación de presupuestos de gastos; y el Sistema de liquidación de contratos, “que no es mantenido por TICs y no se usa”.
Fraudes involucran a funcionarios municipales
La inoperatividad de los sistemas y la falta de control fue el caldo de cultivo para que se registraran delitos dentro de la institución, situación que obligó al equipo de la intervención a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en la Unidad de Delitos Económicos.
La denuncia se formuló por la presunta comisión de hechos punibles como alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos, operaciones fraudulentas por computadora, lesión de confianza y evasión de impuestos.
El modus operandi delictivo contemplaba, según el informe, la adulteración de superficies y valuación fiscal de inmuebles para reducir la base imponible para ciertos contribuyentes.
También, la adulteración del uso de inmuebles (como residencias o estaciones de servicio) para hacerlos figurar como baldíos, reduciendo así la base imponible.
Se incluyen también casos de modificación de uso de inmueble para inhabilitar la obligación de pago de patente comercial, sin respaldo documental y sin seguir el proceso interno.
Dicha situación también se registró a la inversa, con la imposición de tributos por patente comercial no debidos a contribuyentes que tienen suspensión temporal de actividades y comercios cerrados.
La intervención además logró individualizar y denunciar a “ciertos funcionarios de la Municipalidad y usuarios informáticos que accedieron y modificaron los datos técnicos para generar perjuicio al Municipio o, en otros casos, para apretar a contribuyentes con impuestos no debidos”.
Consorcio TX reclama USD 750.000 a la Comuna
La intervención constató que la empresa Consorcio TX mantiene reclamos para el cobro de diversos componentes del sistema Satí, “incluidos algunos componentes del hardware”.
“Se mantiene latente una demanda civil por el reclamo de USD 750.000 respecto de otros derechos intelectuales que reclama al municipio”, resalta el informe.
El informe añade que, en el marco de la demanda, “las partes han pactado una suspensión acordada de los plazos procesales, mientras duren las negociaciones que se vieron interrumpidas” por el proceso de intervención, registrado entre el 24 de junio y el 22 de agosto de este año.
