31 oct. 2025

Infame manejo de bienes del Estado por visión patrimonialista

El ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, admitió haber dado uso particular a un vehículo institucional que le fue proveído por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Una investigación de Última Hora, Telefuturo y Monumental reveló que la camioneta incautada en el 2018 al presunto narco Reinaldo Cucho Cabaña, tras el Operativo Berilo, estaba siendo utilizada con fines particulares por el ministro. Es un triste vicio, cuando no se distingue entre los bienes públicos y privados.

En los Estados patrimonialistas, la división entre lo público y lo privado está difuminada. Por eso, las autoridades electas y los funcionarios no distinguen entre los bienes públicos y los privados.

En el Paraguay, esta es ya una nefasta tradición que se fue consolidando, especialmente, con más de 70 años de gobiernos de un solo partido.

La principal característica es el uso irrestricto de los recursos del Estado para fines personales, de la familia o un grupo político determinado. Este patrimonialismo fue creciendo en nuestro medio y se expresa a través del prebendarismo y clientelismo, y, sin duda, está íntimamente relacionado con la corrupción.

En nuestro caso, las expresiones son públicas, evidentes y alevosas. Recordemos, por ejemplo, en plena campaña, en 2023, el presidente Santiago Peña había adelantado en un discurso que los cargos en la función pública se obtienen gracias al Partido Colorado, y no por tener títulos, o ser “guapitos”.

Dueñas absolutas del Estado, las autoridades electas ubican a sus hijos e hijas en cargos públicos como se vio recientemente en el escándalo de los nepobabies, mientras miles de jóvenes paraguayos no tienen oportunidades de acceder a salud, educación, seguridad o empleo digno, a diferencia de la hija del vicepresidente de la República y los hijos de varios diputados colorados y liberales.

Precisamente el año en que explotó el escándalo del nepotismo en el Congreso Nacional, ese mismo Congreso terminó el año con un gran regalo para los 125 congresistas: Incluyeron en el Presupuesto General 2025 un aumento salarial de G. 6 millones, y con eso la remuneración mensual para cada uno de ellos supera ahora los G. 38 millones.

Ahora, una investigación de Última Hora, Telefuturo y Monumental reveló que la camioneta incautada en el 2018 al presunto narco Reinaldo Cucho Cabaña, tras el Operativo Berilo, es utilizada con fines particulares por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja. El ministro así lo admitió, y dijo que fue algo “excepcional”, que en algunos casos cuando se dirige a su oficina, que es cercana a la institución a la que asiste su hijo, lo acompaña y luego va a la oficina.

Otra camioneta incautada por Senabico fue este año motivo de polémica, la Chevrolet Silverado asignada a la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), al frente de la cual está la senadora liberocartista Noelia Cabrera. La legisladora había publicado un video y en él se veía el vehículo y a varios dirigentes entregando documentos de afiliaciones. La camioneta pertenecía al supuesto traficante de armas Diego Dirisio y le fue adjudicada a la legisladora para que la Conaderna pueda estar presente en las reservas naturales.

Cada caso, cada escándalo denunciado, que lamentablemente vamos acumulando como anécdotas, es la expresión de esa visión del Estado denominada Estado patrimonialista. A partir de esta visión, los gobernantes no distinguen entre el patrimonio personal y público, tratan los asuntos y los recursos del Estado como si fueran sus asuntos personales, o los de su partido político o grupo económico.

Todo, cada puesto de trabajo en la función pública, el presupuesto, la infraestructura y las pertenencias, todo lo que es público es para el exclusivo uso de la autoridad electa, sus correligionarios, su familia y sus amigos.

Si el Paraguay aspira a un futuro con desarrollo y bienestar, si aspira alguna vez a convertirse en un país moderno, necesita con urgencia cambiar esta visión que no solo debilita la democracia, sino que niega bienestar y calidad de vida a toda la población.

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