El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el informe de la Situación Financiera de la Tesorería General correspondiente al mes de setiembre, el cual señala que las transferencias del Tesoro para cubrir los diferentes gastos del Estado, en lo que va del año, suman ya USD 6.915,9 millones al tipo de cambio actual. Dichas transferencias tuvieron un crecimiento de 13,4% al comparar el acumulado de enero a setiembre del año anterior (2024).
Uno de los rubros que más se destacan son las transferencias para jubilaciones y pensiones. Entre enero y setiembre de este 2025, las transferencias para este gasto ascienden a USD 917,9 millones, lo que implica un incremento de 11,1% frente a los USD 826 millones del mismo periodo del 2024. De ese total, USD 479 millones fueron transferencias realizadas mediante recursos del Tesoro o con impuestos, lo que tuvo un crecimiento de 27,1% frente a los USD 479 millones del año pasado. Los registros del MEF al mes de agosto indican un déficit de unos USD 234 millones, lo que representa hasta un 43% de pérdida. Esto significa que la ciudadanía está asumiendo el déficit generado por las jubilaciones y pensiones públicas.
En el monto anterior se incluyen las pensiones del Programa de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuyos registros señalan que en Paraguay se tiene actualmente un total de 338.755 beneficiarios cuya edad es de 65 años o más. En este caso, las transferencias se distribuyen en gran parte a personas ubicadas en los grupos de menores ingresos y el beneficio es de apenas el 25% del salario mínimo.
El sistema de jubilaciones del sector público en Paraguay representa uno de los desafíos más críticos y estructurales de su sistema de protección social. Su déficit crónico y en expansión no es solo un pasivo contable del Estado, sino un fenómeno que genera profundas distorsiones económicas y agudiza la inequidad social.
El núcleo del problema reside en un diseño institucional con beneficios generosos (edad jubilatoria baja, cálculos basados en últimos salarios sin suficiente contribución) que no guarda relación con la capacidad contributiva del sistema. Mientras los aportes de los activos son insuficientes, el Estado, en su rol de empleador y garante, debe inyectar miles de millones de dólares anuales para cubrir el pago de los haberes jubilatorios. Este salvataje permanente constituye un subsidio masivo y regresivo financiado por todos los contribuyentes.
Los cuantiosos recursos destinados a cubrir el déficit previsional no son neutrales. Cada guaraní invertido en sostener el déficit de la Caja fiscal es un recurso que se resta de otras áreas sociales vitales. Este drenaje fiscal compite directamente con la inversión en salud pública, educación básica, infraestructura social y programas de asistencia a los más vulnerables. Incluso quienes reciben la pensión alimentaria para personas mayores terminan devolviendo en IVA parte de su transferencia, que probablemente contribuye a financiar la Caja fiscal.
El sistema crea una brecha inequitativa en el sistema de protección social. Por un lado, un sector de jubilados públicos accede a pensiones sin haber contribuido lo suficiente, por lo que otras personas que nunca se jubilarán pagan los costos. Se consolida así un sistema en el que unos subsidian privilegios a los que no podrá acceder.
