El cuestionado proyecto de Ley de Protección de Datos Personales y la intención de retornar al voto secreto en la Corte Suprema de Justicia para la elección de sus autoridades riñen con la transparencia en la gestión pública. Al primero, le falta el último trámite en el Senado y con su sanción socavaría las leyes de acceso a información pública y sobre datos de recursos públicos asignados a remuneraciones del funcionariado. Respecto al segundo, su tratamiento está en curso. La opacidad suele ser una aliada de la corrupción.
La transparencia en la gestión de una república es fundamental para que el ciudadano pueda confiar en las autoridades, en los funcionarios públicos y en las instituciones. Caso contrario, se establece una relación con falta de credibilidad de parte del contribuyente hacia los que administran el Estado. De hecho, ya en nuestro país el descrédito del que gozan nuestras autoridades crece cada día más por diversas cuestiones: El clientelismo político, el nepotismo, las sospechas de enriquecimiento ilícito, los malos manejos de los recursos públicos, el pago de favores entre miembros de poderes del Estado, entre otras.
Y al agregarle también una traba legal a la transparencia de una gestión, o de un funcionario público, poco favor se hace para que la percepción ciudadana mejore sobre los que operan en la administración pública.
La opacidad en los poderes del Estado es una aliada de las componendas políticas que generalmente solo benefician a un grupo, y lamentablemente también es una llave para la corrupción. Por eso siempre, dar a conocer todo lo que se hace en el Estado y se percibe como remuneración por el servicio que se presta es vital para saber qué destino se brinda a esos recursos. Y más aún en nuestro país, por los altos niveles de corrupción, es extremadamente imperioso que esas leyes de transparencia y acceso a la información pública continúen plenamente vigentes.
En este contexto, la Cámara de Diputados (cartistas y satélites) aprobó el proyecto de Ley sobre Protección de Datos Personales (tendrá su último trámite en la Cámara de Senadores) que, si se sanciona, constituirá una traba para acceder a la información pública. Tal es así que el artículo 24 de este proyecto de ley claramente señala que el tratamiento de datos personales solo podrá realizarse si el titular de los datos otorga su consentimiento.
Ambas versiones, tanto de Diputados como del Senado, coinciden en que el derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado con la oposición expresa del funcionario público. La versión del Senado incluye al menos algunas excepciones como: Establece que podrá denegarse únicamente el acceso a la información pública cuando el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener el acceso a la información, aunque finalmente deja a criterio de una dependencia estatal esa evaluación. Ambas versiones afectan en mayor o menor medida a la transparencia, por lo cual al llegar al Ejecutivo, la salida tendría que ser el veto.
Otro proyecto de ley, presentado por legisladores oficialistas en el Senado pretende que los votos de los ministros de la Corte Suprema vuelvan a emitirse en secreto al momento de elegir a su presidente y a las demás autoridades. También con el proyecto se podrían perpetuar a los ministros superintendentes en las circunscripciones, sin rotación.
Se quiere modificar el sistema vigente, que es nominal y a viva voz. Esta intención también atenta directamente contra la transparencia de un Poder Judicial que no goza de la confianza ciudadana por su manifiesta complicidad con los políticos de turno. Ese secretismo ya anteriormente era utilizado para que los políticos impongan a sus candidatos en los cargos de relevancia en el máximo estrado judicial conforme a los intereses. Por eso, volver al secretismo sería retornar al pasado de una época que uno quisiera olvidar, por lo cual el proyecto es objeto de críticas. Cuando es a viva voz, al menos el ciudadano sabe a qué se comprometen.
El camino a todas luces en las instituciones siempre debe ser la transparencia, porque la gestión pública se debe al ciudadano, a quien se le tiene que rendir cuentas de lo que se hace en el Estado.
