Desde este lunes, cientos de indígenas se manifiestan en la ciudad Capital en el marco de la presencia de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que analizan los incumplimientos del Estado paraguayo con los pueblos originarios.
La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) anunció este martes que, a sus diversos reclamos ya planteados al Gobierno, se suma el pedido de renuncia del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Gral (SR) Juan Ramón Benegas.
“Este día aumentamos nuestras reivindicaciones a una más, porque no nos atienden ni recibimos alguna señal de voluntad del Gobierno Nacional, por lo que agregamos como punto 5 (de las reivindicaciones) la destitución del presidente del INDI, general Juan Benegas… Esta gente no sirve, no tienen capacidad para nada. Nosotros entendemos que los militares manejan otro campo, no son expertos en temas indígenas ni tienen la capacidad de llevar adelante la institución indigenista”, manifestó este martes Mario Rivarola, presidente de la Anivid.
La Anivid señaló que su única intención es hacer llegar sus reivindicaciones, que citaron son: La inmediata reapertura de la oficina central del INDI en Asunción, la instalación de una mesa de negociaciones amplia para abordar las situaciones de los pueblos indígenas, presupuesto suficiente para la compra y aseguramiento de tierra para comunidades indígenas, y avanzar en la mesa de diálogo partiendo del respeto y la escucha de todas las partes.
Denuncia contra Riera
La Anivid replicó un comunicado este martes, denunciando la postura del ministro del Interior, Enrique Riera, durante una reunión del mes pasado, donde se mostró con una “actitud prepotente y autoritaria”.
“No es la primera vez que el ministro tiene esta conducta, que no solo afecta a nuestra organización, sino a los pueblos indígenas en general y al ejercicio de nuestros derechos… Desde la Anivid rechazamos todas las formas de discriminación, la prepotencia y abuso de autoridad por parte de las instituciones del Estado, especialmente aquellas encargadas de garantizar la seguridad y el orden público”, dice el comunicado.
Exigieron que Riera actúe conforme a los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, garantizando un trato digno y justo para todos los ciudadanos en especial a los pueblos indígenas.
Reunión en el Senado
El grupo mantuvo este martes una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, donde los recibió el titular, el senador Rafael Filizzola, quien dijo que pedirá informes al INDI sobre el cierre de su local en Asunción, lo cual calificó de irregular, ya que viola la propia Ley N° 904/81 “Estatuto de la Comunidades Indígenas”.
“Ellos tienen varios pedidos, y uno de los más relevantes es que se vuelva a habilitar una sede del INDI en la capital de la República, tras un hecho sumamente llamativo, que se cierre la oficina del INDI en la capital. Todas las entidades públicas deben tener su sede en Asunción, por lo menos las que dependen de los poderes públicos”, destacó Filizzola.
“A ellos se le dificulta muchísimo en este momento ir a las sedes locales que se han creado porque no todas son de fácil acceso para los distintos pueblos. La Capital siempre tiene una mayor facilidad de acceso y además que no hay una explicación razonable, todas las oficinas públicas tienen su sede en la Capital”, resaltó el senador del PDP.
Filizzola señaló que son varios los pedidos, como aumentar el presupuesto para compra de tierras indígenas.
“Muchas veces, tierras compradas por el Estado para comunidades indígenas son objeto de desalojos, así que tiene que haber un mayor cuidado por parte del Estado que está invirtiendo en tierras que terminan en manos de terceros. Ha habido casos de maniobras judiciales y una serie de pedidos que vamos a tratar en la Comisión de Derechos Humanos”, dijo.
“Vamos a pedir informes a la presidencia del INDI, ahora supimos que se abrió una oficina pero al solo efecto de dar Mesa de Entrada. Lo que necesitamos es una oficina donde estén los responsables de las entidades y que tengan capacidad de resolver. Ahí hay un componente presupuestario que es muy importante, porque el Estado habla de la necesidad de proteger a las comunidades indígenas pero muchas no tienen tierras o la tienen en una situación precaria, y para eso se necesita presupuesto”, finalizó Filizzola.