En varias comunidades indígenas de la región Occidental se reportaron dificultades para acceder y cobrar la pensión de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
Uno de los casos recientes es el de Juan Duarte, miembro de la comunidad Payseyamexempa’a, quien fue excluido de la lista de beneficiarios del programa.
El afectado habría sido dado de baja debido a que no registró movimientos en el cobro de su pensión durante más de 60 días, el beneficiario asegura que sí realizó un retiro parcial del dinero en diciembre pasado.
La situación de Duarte no sería un hecho aislado. Desde las comunidades indígenas señalan que este tipo de situaciones se repite con frecuencia, especialmente en el Chaco, donde las condiciones para acceder a servicios bancarios son limitadas.
En gran parte de la región no existen cajeros automáticos cercanos, ni oficinas del Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad encargada de realizar los pagos del programa, ni del propio Ministerio de Desarrollo Social.
En muchos casos, los beneficiarios deben recorrer más de 100 kilómetros para llegar a un cajero automático.
A esta distancia se suman las malas condiciones de los caminos, que con frecuencia se vuelven intransitables, lo que dificulta aún más el traslado de las personas adultas mayores para cobrar la pensión.
Además de las barreras geográficas, también persisten trabas burocráticas, casos como el denunciado por Juan Duarte muestran cómo personas adultas mayores indígenas pueden quedar fuera del programa sin explicaciones claras y deben iniciar nuevamente largos trámites administrativos para recuperar el beneficio.
La organización Tierraviva es la que acompaña a las comunidades indígenas frente a esta problemática y advierte que la situación evidencia la falta de adecuación del programa de pensión a la realidad del Chaco, donde el acceso a servicios financieros e instituciones del Estado es muy distinto al de las zonas urbanas.
Ante este escenario, las comunidades reclaman que el Estado implemente mecanismos de pago y control que contemplen las particularidades territoriales y culturales de los pueblos indígenas, a fin de evitar exclusiones injustas y garantizar que las personas adultas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a una pensión.
