Los manifestantes denunciaron que agentes policiales no permitieron el paso de una mujer que pretendía pasar hacia el sector donde se encuentra un grupo que se convocó para exigir a la Cámara de Diputados que inicie el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Por su parte, los agentes que se encuentran custodiando la zona argumentaron que detuvieron a una mujer para saber si no tenía algún arma entre sus pertenencias y evitar cualquier hecho de violencia.
Ante esta situación, el grupo interceptó a los policías y cuestionó el actuar de los agentes, a quienes acusaron de maltratar a la manifestante. El grupo de autoconvocados se encuentra entre las calles 14 de Mayo y El Paraguayo Independiente.
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Este lunes se desarrolla el cuarto día de debate sobre el pedido de juicio político a la fiscala general, luego de que la sesión había sido levantada el miércoles pasado y convocada a una nueva sesión extraordinaria para este lunes.
Ya la semana pasada se habían registrado incidentes entre policías y manifestantes que se mantienen en vigilia a favor del proceso de destitución de la titular de la Fiscalía.
Los diputados que formularon el libelo acusan a Quiñónez por mal desempeño de funciones, consistente en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos punibles graves que involucran a Horacio Manuel Cartes Jara durante su gestión presidencial en el periodo 2013-2018 y en los años posteriores.
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Afirman que el ex presidente goza de impunidad auspiciada por la Fiscalía General del Estado, lo que derivó que un gobierno extranjero tomara cartas en el asunto y lo expusiera en una lista como “significativamente corrupto”, negándoles, a su vez, el ingreso a EEUU, tanto a él como a sus familiares directos.
También se señalan como causales de destitución la impunidad en el crimen de Rodrigo Quintana y el ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
También se encuentra la presunta impunidad en el fallido proyecto del Metrobús, la negligencia y ineficiencia administrativa del Ministerio Público, así como los pocos avances que se dan en las denuncias por corrupción en las gobernaciones y municipalidades, entre otros.
