Desde mayo del 2020 ya son tres los intentos por destituir a Sandra Quiñónez de la Fiscalía General del Estado bajo el mismo argumento: obedecer a intereses políticos del ex presidente Horacio Cartes. Sin embargo, esta vez el documento se fundamenta aún más, tras el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de designar al ex mandatario como significativamente corrupto.
El documento presentado cuenta con once causales y varios antecedentes que sostienen las acusaciones de una deliberada protección al cartismo, entre ellos se destacan:
Blindaje a Horacio Cartes Jara
Los diputados que formularon el libelo acusan a Quiñónez por mal desempeño de funciones, consistente en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos punibles graves que involucran a Horacio Manuel Cartes Jara durante su gestión presidencial en el periodo 2013-2018 y en los años posteriores.
Afirman que el ex presidente goza de impunidad auspiciada por la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en que un gobierno extranjero tomara cartas en el asunto y lo expusiera en una lista como “significativamente corrupto”, negándoles, a su vez, el ingreso a ese país tanto a él como a sus familiares directos.
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De acuerdo con el documento, los antecedentes de la declaración de inelegibilidad para el ingreso a EEUU que pesa sobre Cartes se dieron tras el caso del avión carguero venezolano-iraní, cuyo piloto Ghasemi Gholamreza se halla vinculado al terrorismo. El servicio fue contratado por la empresa del Grupo Cartes, que también se encargó del traslado y la estadía del grupo.
Otro fundamento que sostiene las acusaciones del Gobierno estadounidense es la impunidad para el ex mandatario en el caso Messer.
Según las autoridades brasileñas, Darío Messer, el cambista de cambistas (doleiro dos doleiros), habría sido una figura clave en la ejecución de hechos punibles de corrupción y evasión de impuestos, en donde Horacio Cartes habría sido su cómplice. Incluso, la Justicia brasileña llegó a emitir una orden de captura preventiva en su contra como parte de una investigación que lo vincularía con el caso Lava Jato.
Acusan de que en ambos casos existieron omisión y complicidad con la falta de pesquisa, a pesar de contar con elementos suficientes para la persecución e investigación penal oportuna.
Deliberada inacción en no investigar caso de Darío Messer
La Comisión Bicameral fue efectivamente conformada en octubre de 2018 para indagar la conducta del ciudadano brasileño Darío Messer, ante la sospecha de operaciones de lavado de dinero y delitos conexos en Paraguay, donde presuntamente cometió hechos punibles en complicidad con otras personas, empresas e instituciones del Estado, ante la falta de actuación de oficio del Ministerio Público, órgano responsable de la persecución penal, a cargo de la acusada Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga.
Habiendo el Congreso de la Nación remitido el informe final con sus conclusiones al Ministerio Público, según consta en la nota MHCS N° 745 de fecha 17 de mayo de 2019, agregada entre las pruebas documentales arrimadas –es decir, hace más de tres años–, sin que la fiscala general Sandra Quiñónez ni los fiscales a cargo reportaran avance alguno en las investigaciones, demostrando con ello, una vez más, la actuación selectiva y nula rendición de cuentas de sus actuaciones ante estos graves hechos.
Inacción oportuna en informes de la Seprelad
El informe referenciado fue recibido por la titular del Ministerio Público; sin embargo, no se conoce del avance de las investigaciones al respecto del delito de lavado de dinero, contra el señor Roque Fabiano Silveira, quien fuera, finalmente, beneficiado con una salida alternativa en el marco de la pesquisa generada por una cooperación internacional con el Brasil, en el operativo que involucró al señor Darío Messer, perseguido por lavado de dinero tanto en Brasil como en Paraguay.
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Pasividad para la recuperación de activo
Los legisladores mencionan que en todas estas causas que afectan indirectamente al ex mandatario, el Ministerio Público solo ha demostrado la sumisión al poder de facto ejercido por quien dirige las acciones de la Fiscalía General del Estado, conllevando ello no solo la impunidad, sino la falta de recuperación de millonarios activos.
Los casos relacionados con el no decomiso de bienes se indican a Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grispun, imputados en la misma causa, por lavado de dinero y asociación criminal.
Caso Zero Um, poderoso socio de Cartes
Otro cuestionamiento que se hace a Quiñónez es en relación con la sistemática actuación omisiva y cómplice atribuida al Ministerio Público en la acusación contra Roque Fabiano Silveira, durante la administración de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, con episodios vinculados al lavado de activos, al contrabando y otros hechos punibles conexos.
Roque Silveira es el mismo que habría hecho de intermediario para llevar una carta de Darío Messer al entonces presidente Horacio Cartes y retirar USD 500.000. Según los denunciantes, la Fiscalía solo imputó por la comisión del hecho punible de frustración y posteriormente solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva y luego pidió que el mismo fuese beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento, donando una ambulancia usada.
En otros puntos también se menciona una presunta parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía. Otro tema es la impunidad en el crimen de Rodrigo Quintana y el ataque a la sede del Parido Liberal Radical Auténtico.
También se encuentra la presunta impunidad en el fallido proyecto del Metrobús, la negligencia y ineficiencia administrativa del Ministerio Publico, así como los pocos avances que se dan en las denuncias por corrupción en las gobernaciones y municipalidades, entre otros.
El pedido de juicio político a Sandra Quiñónez será estudiado en una sesión extraordinaria este domingo, a las 9.30.