La Fiscalía imputó a Nicolás de Jesús Cartamán Torres, gobernador de Presidente Hayes, por el presunto daño a un cañón de guerra y por transgredir la Ley 5621 “De protección del patrimonio cultural”.
Asimismo, solicitó al Juzgado Penal de Garantías su prisión preventiva, ya que los hechos que se le atribuyen por el perjuicio causado a un bien material considerado patrimonio cultural se configuran como crimen.
En su fundamentación, la Fiscalía sostiene que hay un “latente” peligro de fuga y de obstrucción a la Justicia, atendiendo a que se trata de una autoridad departamental.
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Cortaron el cañón
El perjuicio se registró el pasado 2 de junio, cuando Cartamán habría ordenado el retiro de uno de los caños de guerra que estaban exhibidos en la explanada de la Costanera de la ciudad para trasladarlo al interior de la Gobernación, sin contar con la autorización de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).
De acuerdo con la investigación, en el lugar se cortó la remarca (parte del interior del cañón) y la culata.
Como el corte no se pudo cerrar debido a la anchura del hierro, el agujero se cubrió con una masilla y se pintó.
Tras lo ocurrido, se procedió a reubicar la artillería de guerra en la explanada de la plaza de la Costanera, frente a la estatua de Benjamín Aceval.
El perjuicio fue denunciado por el concejal municipal de Villa Hayes Arnaldo Tono Sosa el pasado 9 de junio, quien había señalado que a simple vista se notaba que el cañón fue alzado y llevado a algún lugar para realizar cortes.
En principio, se sospechaba que los responsables estaban buscando oro de la pieza artillera, que fue fabricada en el año 1825, antes de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).
