Una movilización de entre 1.500 y 2.000 campesinos sin tierra del Departamento de San Pedro se prepara para ocupar las 11.000 hectáreas de la ex estancia Lucipar, propiedad que perteneció al narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha alias Cabeza Branca.
La estancia está actualmente bajo administración de Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La magnitud del grupo y la firme decisión de avanzar en la madrugada de este viernes generan una creciente preocupación por un posible enfrentamiento con las fuerzas del orden.
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Los campesinos aseguran que llevan más de un mes organizándose para esta acción y que durante cuatro años mantuvieron reuniones con instituciones del Estado sin resultados. Denuncian que las negociaciones “no prosperaron” a pesar de la insistencia y que ya no están dispuestos a esperar más.
Despliegue policial masivo ante riesgo de choque
Ante el anuncio de la inminente ocupación, la Policía Nacional moviliza a más de 500 efectivos para resguardar la zona. Las autoridades adelantaron que no permitirán el ingreso a la propiedad, lo que eleva el riesgo de un enfrentamiento directo en caso de que los campesinos avancen.
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La Fiscalía General del Estado conformó, además, un equipo especial de cuatro fiscales para intervenir en el operativo. Como parte de las acciones previas, el Ministerio Público imputó a siete dirigentes campesinos por apología del delito; tres de ellos fueron detenidos y posteriormente sometidos a arresto domiciliario.
Uno de los líderes, Elvio Benítez, quien cuenta con orden de captura, advirtió que la movilización seguirá adelante pese a las imputaciones. “Si nosotros somos imputados, hay otros cien o doscientos dirigentes que tomarán la posta. Queremos saber si seguirán defendiendo a un narcotraficante a costa de vidas de campesinos. Esas tierras vamos a convertirlas en chacras; no hay vuelta atrás”, afirmó.
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La sombra de la masacre de Curuguaty
El 15 de junio del 2012 se produjo la Masacre de Curuguaty en la que 11 campesinos y seis policías perdieron la vida, además de aproximadamente 80 heridos. Este hecho produjo en ese mismo año la caída del presidente Fernando Lugo, destituido en un juicio político.
Las muertes se dieron en el marco de un intento de desalojo en el asentamiento Marina Cué, ubicado en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. El hecho marcó un antes y un después en la historia reciente del país y en la lucha por la tierra en Paraguay.
