Esta mañana, el magistrado le había dado oportunidad al legislador Hernán Rivas para prestar declaración durante la audiencia. Rivas se abstuvo, por lo que luego se dio por culminada la audiencia.
En la causa, las fiscalas Luz Guerrero y Patricia Sánchez se ratificaron en el pedido de elevar a juicio oral el caso por los presuntos delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Esto, porque, supuestamente, tenía un certificado de estudios y un título falso de abogado, que había presentado ante la Cámara de Diputados primero, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y después ante la Corte Suprema, para jurar como profesional del Derecho.
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Finalmente, los documentos fueron utilizados en la Cámara de Senadores para integrar también el Jurado, donde llegó a la presidencia, cuando fue investigado por el supuesto título apócrifo.
Según la Fiscalía, no hay constancia en registros públicos del certificado de estudios ni del título de abogado expedido por la Universidad Sudamericana.
Por su parte, la defensa planteó la prescripción del caso, teniendo en cuenta que tanto la producción como el uso de los documentos públicos de contenido falso tienen pena de 3 años de cárcel, con lo que la prescripción se da a los 3 años.
De acuerdo con los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino, los hechos descriptos por la Fiscalía ocurrieron en el 2020, con lo que ya prescribieron en el 2023, por lo que están prescriptos.
De esta manera, piden la prescripción de los hechos, y el consecuente sobreseimiento definitivo del senador cartista.
Ahora, tras la audiencia, el magistrado Miguel Palacios debe decidir si eleva o no a juicio oral el caso. Se espera que la resolución se dicte pasado el mediodía, aunque podría depender de la complejidad de los asuntos que se deban resolver.
