El agente fiscal Rodrigo Estigarribia imputó a 11 personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa que vincula a varias oenegés que tenían convenios con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La Fiscalía expuso en un comunicado la lista de los supuestos involucrados y las ONG respectivas.
Marcial Cardozo González y María Norma Ortega Gaona, vinculados a la organización Sepra, fueron imputados por un perjuicio de G. 61.637.200. En el marco de un convenio habrían recibido la suma de Gs. 1.357.421.850 y no realizaron íntegramente la contrucción de sistemas de abastecimiento de agua potable para varias comunidades.
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En otro caso se imputó a Alejandro Montanía Yegros, Gregorio Fernández Romero y Sócrates Garcete González, de la Asociación Campesina La Carreta, que recibió de la cartera estatal en cuestión Gs. 1.663.453.300, que fue desembolsado en su totalidad.
Sin embargo, las obras determinadas tampoco se realizaron a cabalidad. El perjuicio patrimonial fue de G. 796.953.668.
En el marco de imputaciones también fueron incluidos David Aveiro Cuenca y Valeri Elvira Viveros Cabral, de la ONG Sembrando, a la que le desembolsó G. 1.792.691.250 por un proyecto de obras que no fueron realizadas en su totalidad. Esta situación ocasionó un daño patrimonial de G. 487.581.671.
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La imputación contra Pedro Amarilla Martínez y Pura Limpia Britez Álvarez, de la Fundación Solidaridad, fue porque presentaron el costo de un proyecto por G. 1.964.562.774, cuyo pago se liberó, pero no concluyeron las obras en su totalidad.
En este caso, la Fundación Solidaridad se contactó con Última Hora para aclarar que no estuvo involucrada con el Indert.
Asimismo, a Felipe Cabrera Martínez y Benito Antonio Riquelme Mora, de la organización Ñopytyvo, se los procesó por un perjuicio de G. 552.120.196, debido a que en 2015 se les desembolsó G. 3.270.391.772 y no ejecutaron debidamente obras para sistemas de abastecimiento.
De acuerdo con el Ministerio Público, en estos casos se contempla un grave perjuicio patrimonial y además la afectación a las familias beneficiadas y en condiciones de vulnerabilidad.
