El matrimonio aparece como abogados de la Cooperativa San Cristóbal, promoviendo nada más que 28 demandas de preparación de acción ejecutiva, todos en un solo día, el 27 de octubre del 2022.
La primera irregularidad que ahora las autoridades alertan es que ambos son funcionarios públicos y no pueden ejercer como abogados a la par de sus cargos.
La esposa, Patricia Adriana Parodi, es oficial de Justicia, quien aparte de hacer intimaciones de pago y ejecutar mandamientos de embargo, también presentaba las demandas.
La pareja fue imputada como supuestos instigadores del prevaricato y por uso de documentos públicos de contenido falso.
Parodi, además, fue procesada por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, ya que habría falsificado documentaciones.
“Luego de sortear los expedientes, los abogados Patricia Adriana Parodi y Luis Carlos Benítez, actuando de manera conjunta, en representación de la Cooperativa San Cristóbal Ltda., habrían presentado un grupo de expedientes, con números consecutivos o con numeración muy cercana”, dice la imputación de la Fiscalía.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero determinaron que en esos 28 expedientes se habrían sacado resoluciones a partir de documentos falsos, ya sean notificaciones, u otros documentos.
CUATRO JUECES. La Fiscalía imputó a los jueces Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado Recoleta), Nathalia Garcete Aquino (Juzgado Catedral), Carmen Analía Cibils (Juzgado La Encarnación) y a la ahora ex jueza Lilian González de Bristot (Juzgado San Roque), quienes tienen un proceso por uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.
Estos habrían firmado un total de 693 resoluciones en violación de la ley
Rodríguez firmó sentencia en 174 expedientes. Por su parte, la jueza Garcete, en el mismo periodo, sacó 97 resoluciones; Cibils dictó fallos en 237 expedientes y González de Bristot, en por lo menos 185 expedientes. En total, dan las 693 resoluciones.
