El hijo del fallecido ex senador colorado Óscar González Daher, Óscar Rubén González Chaves, sigue gozando de impunidad, pese a que su sentencia de 8 años de cárcel por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero ya haya sido confirmada en segunda instancia el pasado mes de febrero, por un Tribunal de Apelaciones.
Desde entonces, la causa quedó pendiente de que la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resuelva si la pena queda firme a fin de que sea ejecutoriada.
El Tribunal de Apelación, integrado por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, confirmó la sentencia de ocho años de cárcel contra Óscar Rubén, además del comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.
Actualmente, González Chaves es miembro de la Junta Municipal de la ciudad de Luque, ocupando una banca como concejal, por lo que el hombre, al confirmarse su pena debería perder automáticamente su cargo en la Comuna luqueña.
En la causa, el Tribunal de Apelación también resolvió el comiso especial de bienes de Óscar González Daher por un valor de G. 5.903.362.496.
El Tribunal también declaró extintas las causas penales contra el ex senador por su fallecimiento, en el caso de las condenas, pero aún sigue en trámite el proceso de decomiso, ya que los herederos podrían presentar un recurso contra la medida e ir hasta la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, la pena de 8 años contra su hijo, Rubén González Chaves, concejal de la ciudad de Luque, aún no queda firme.
Condena. Tras un juicio oral y público que duró más de seis meses, en agosto del año pasado, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera resolvieron condenar a Óscar y a su hijo a 7 años y a 8 años de cárcel, respectivamente. Además, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 7 años.
Esto recién regiría una vez cumplida la condena en prisión, ya que los magistrados decidieron mantener las medidas cautelares contra los condenados decretadas por el juez Humberto Otazú, hasta tanto quede firme la sentencia. La Fiscalía había solicitado la pena de 10 años para padre e hijo durante el juicio oral y público.
