Las fiscalas que presentaron la acusación contra el senador Hernán Rivas abrieron el más pestilente de los cofres de la Justicia paraguaya. Si logran demostrar lo que todos creen –que llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sin haber pisado una Facultad de Derecho–, nos retratarán en nuestra peor versión. Una republiqueta, cuyas instituciones fueron degradadas de manera aterradora por un grupo político convertido en una máquina de corrupción.
No hay evidencias de que ese “juez de jueces” haya estudiado nada. La Universidad Sudamericana no pudo mostrar papeles que sustenten la veracidad de su certificado de estudios ni de su título de abogado. Rivas no guarda recuerdos de su vida estudiantil y su relato es surrealista: Asistía a clases presenciales diarias en una Facultad ubicada a 350 kilómetros de su Itapúa, donde, además, cumplía horario laboral de 07:00 a 13:00, como funcionario de la Gobernación.
Ninguno de los treinta alumnos interrogados, que, en teoría, deberían haber sido sus compañeros recordó haberlo visto, a excepción de un tal Aldo Alvarenga Martínez, quien afirmó haber sido decano de la casa de estudios. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó a la Fiscalía que no tiene registros de que el hombre haya ejercido dicho cargo.
Su certificado de estudios muestra inconsistencias absurdas, con cargas horarias anómalas; su tesis, cuyo tema cambiaba según las versiones, “se extravió”. Ni la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) ni el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) tienen registros oficiales sobre los estudios de Rivas ni esa carrera de Derecho estaba oficialmente habilitada.
Ahora bien, Rivas no llegó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solo por sus habilidades simulatorias, sino por la concurrencia de múltiples complicidades. Empezando por los docentes de la Universidad Sudamericana que acreditaron que cursó la carrera entre 2010 y 2015, de forma contraria a la realidad. Las sospechas apuntan a un esquema sistémico de tráfico de títulos de “universidades de garaje”. Bueno es recordar que hay unos 150 abogados de la Universidad Sudamericana en cargos públicos
Hubo complicidad del MEC, que validó su título en 2020, en un trámite inusualmente rápido, tanto que la resolución de su registro se emitió antes que la solicitud normal. El entonces titular de la cartera Eduardo Petta ignoró la recomendación de su Dirección Anticorrupción de anular el registro.
La misma desidia debe atribuirse a la Fiscalía General del Estado, que demoró tres años en investigar la denuncia por título falso que, ya en 2020, había sido presentada por Federico Campos.
Hubo culpa de la Corte Suprema de Justicia por otorgarle la matrícula sin verificación y en un acto exclusivo presidido por la entonces ministra Gladys Bareiro de Módica. Son responsables sus pares de la Cámara de Diputados y luego la de Senadores, quienes, pese a conocer sus limitaciones intelectuales enviaron al Jurado de Enjuiciamiento a un representante sin ninguna experiencia en la profesión. La ironía alcanza niveles épicos cuando recordamos que el artículo 253 de la Constitución Nacional exige que los representantes del JEM sean abogados
Y, sobre todo, fueron cómplices los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que se humillaron ante el poder, votándolo como presidente de la institución destinada a juzgar la conducta de los jueces del país. Y, debo señalar, también hay una culpa colectiva: La de los gremios de abogados que, conociendo las denuncias de la prensa, no mostraron una indignación potente
¿Se da cuenta por qué usé el término “republiqueta”? Porque solo en ellas puede haber instituciones tan gelatinosas, tan maleables a la presión política. Lo que parece ser un burdo fraude atravesó todos los niveles de control. Ahora, se discuten las consecuencias. ¿Cuántas solicitudes de nulidad de actos jurídicos podrían venir?
Hernán Rivas nos recuerda que, en esta tierra, la audacia y el apoyo político valen más que un título.
