Desde el gremio docente se hacen eco del caso de María Fernanda Benítez, preocupados por la alarmante negligencia estructural del Estado en su deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes.
“Fernanda, una menor embarazada, fue brutalmente asesinada, presuntamente por su pareja, también menor de edad. Esta tragedia no ocurrió de forma aislada ni repentina: Estuvo precedida por señales claras de vulnerabilidad y violencia, como su desaparición previa, frente a la cual el Estado no actuó con la urgencia necesaria”, cuestionan desde la organización.
Lamentan la lentitud en la respuesta institucional que revela la poca o nula atención hacia las alertas tempranas, especialmente cuando se trata de adolescentes en situaciones de riesgo.
“Fernanda no solo era menor de edad, también era una víctima potencial de violencia de género, cuya situación se agravó al quedar embarazada”.
El gremio expone la falta de acompañamiento integral en salud sexual y reproductiva por parte del sistema estatal que ha fallado –señalan– en cuanto a la protección a menores, los dispositivos de alerta ante desapariciones, los servicios de salud mental y sexual, y la justicia juvenil. “Todos fallaron”, asegura.
“El hecho de que tanto la víctima como el victimario sean menores vuelve aún más grave la falta de respuestas eficaces desde una perspectiva de derechos”, señalan.
Enfatizan, igualmente, que los casos como el de Fernanda deben interpelar con fuerza a las políticas públicas. “No basta con condenar el hecho una vez consumado: Es necesario reconstruir una red de cuidado real, con presencia territorial, escucha activa y capacidad de prevenir. Mientras el Estado siga ausente, más vidas adolescentes seguirán expuestas a la violencia que se pudo –y debió– evitar”.
La OTEP-SN repudia este y todo acto de violencia, y exige a través del comunicado que el Estado implemente de manera urgente “políticas públicas reales, efectivas y con enfoque de derechos humanos que protejan verdaderamente a las niñas, niños y adolescentes del país”.
