El concejal de Patria Querida, Álvaro Grau, señaló que, como primer paso en el marco de la intervención, elaborará un listado de pedidos de informes que no fueron respondidos a lo largo de los últimos años, y que serán remitidos a la Intendencia para que el interventor Carlos Pereira pueda tener un panorama claro sobre “la falta de transparencia que caracterizó a la gestión del intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
Considera que esta documentación será útil para guiar el análisis del interventor, y aseguró que hará un seguimiento muy cercano del proceso.
Grau recordó que la ley que regula las intervenciones establece que el interventor debe convocar a las autoridades electas. “Yo lo que le voy a solicitar es que sea bien transparente con la Junta Municipal”, expresó.
Insistió en que lo más importante es que esta intervención se lleve a cabo de forma correcta, porque se necesita entender realmente “hasta dónde puede llegar a complicar la salud financiera de la Municipalidad todo el perjuicio que hizo este intendente municipal”.
Consultado sobre la posibilidad de pagar salarios a fin de mes, el concejal informó que la recaudación municipal cayó drásticamente de G. 431.000 millones, en enero, a solo G. 40.000 millones en el transcurso de cinco meses. “En teoría, este mes va a caer más la recaudación porque eso es cíclico. Todos los años en estos meses cae, y este año se incrementó mucho más la caída”, comentó.
Sobre los ingresos provenientes de patentes y habilitaciones, señaló que la patente de rodados vence recién a fin de mes, pero que su impacto será limitado, ya que la ciudadanía aún se está adaptando a la nueva ley que establece una equiparación de montos entre municipios.
Por otro lado, desde la Comisión de Legislación de la Junta Municipal se solicitó una reunión con el interventor para este miércoles, con el fin de ponerlo al tanto de los procesos licitatorios que actualmente están en curso. Grau recalcó que se debe actuar con suma prudencia, ya que cualquier nuevo compromiso financiero podría agravar la situación y derivar en demandas judiciales por parte de los proveedores.
