Se trata de los congresistas demócratas Jeanne Shaheen, Elizabeth Warren y Tim Kaine, quienes criticaron la decisión del Gobierno de Estados Unidos en el caso de Horacio Cartes.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense informó sobre el pronunciamiento en su página web, señalando que los tres parlamentarios alegaron que la medida “representa un retroceso para la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos, promulgada en 2016, con apoyo bipartidista”.
“La ley representa una directiva clara del Congreso de que los funcionarios involucrados en corrupción sistémica deben rendir cuentas”, resalta la publicación.
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Los senadores criticaron que la administración de Trump politice las sanciones para su propio beneficio.
Mencionaron que utilizaron también la misma herramienta legal para sancionar a Viviane Barci de Moraes, la esposa del juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, involucrado en el juicio al ex presidente Jair Bolsonaro y para la eliminación de las sanciones contra el ex funcionario húngaro Antal Rogan, por corrupción.
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“Estas sanciones contradicen el espíritu y propósito de la Ley Global Magnitsky y envían una señal de que el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra la corrupción depende de la volatilidad política. Exhortamos a la administración Trump a implementar la ley tal como se concibió: para promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos y cometen actos de corrupción a expensas de sus ciudadanos”.
Desde la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay argumentaron que la sanción que pesaba contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, que el gobierno de Donald Trump decidió levantar, ya no es compatible con su política exterior actual.
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Estados Unidos lo había incluido en su lista negra al ex mandatario en junio de 2022. En ese entonces lo habían designado significativamente corrupto por “socavar la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente de Paraguay”. La OFAC había congelado los activos financieros de Cartes, además de prohibirle hacer transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.
El ex embajador estadounidense Marc Ostfield además había indicado que el ex jefe del Estado paraguayo “utilizó la Presidencia de la República para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio y que ello le permitió participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por Estados Unidos.
En agosto de 2024, EEUU reforzó sus sanciones contra una de las ex empresas de Cartes: Tabacalera del Este SA (Tabesa), por seguir brindando apoyo financiero al ex presidente, a pesar de haber sido designado como significativamente corrupto.
