Jóvenes que fueron detenidos tras las movilizaciones del 28 de setiembre pasado, agrupados bajo el nombre de Generación Z, acudieron a una audiencia pública en la Cámara de Diputados y denunciaron la brutalidad policial a la que fueron sometidos, además de cuestionar los dichos del ministro del Interior, Enrique Riera. Asistieron también madres y abogados de los manifestantes.
El abogado Jorge Rolón Luna señaló que se vulneró el derecho a la protesta, denunció que hubo espionaje e intromisión en redes de mensajería privada sin orden judicial, y se trató como delincuentes a quienes hicieron uso de su derecho a protestar y se organizaron.
Cuestionó la actuación desproporcionada de la Policía. “Si uno compara la reacción del Estado paraguayo en los chats de Lalo Gomes versus los 3.000 policías sobre un derecho que debe ser protegido no existe relación mínima, vinculando la potencialidad del daño”, expresó.
Por su parte, Susana Molinas, madre de uno de los detenidos, sostuvo que la ministra de la Juventud, Salma Agüero, debería renunciar a su cargo, porque tiene la obligación de servir al país y no solo al Partido Colorado, en referencia a que envió dos funcionarios a la Agrupación Especializada horas después de las detenciones, cuando ya fueron liberados.
En tanto que el joven Néstor Regis denunció que fue atropellado por agentes del Grupo Lince y que le causaron rotura de ligamentos cruzados, desgarres y otras lesiones, a pesar de que ya se estaba retirando. Dijo que incluso permaneció quieto y hasta se arrodilló, e igualmente fue agredido. Le pisaron la pierna derecha con una moto y al ser detenido no le leyeron sus derechos ni el motivo de detención.
Desmintió a Riera sobre que solo se actuó contra personas violentas, al señalar que los policías perseguían a las personas y desde la Montada golpeaban incluso a quienes se retiraban.
Rafael Florentín, también detenido, afirmó que fue golpeado por cuatro policías que lo tiraron contra una pared y le apretaron el cuello hasta dejarle marcas, a pesar de no haber puesto resistencia. “Tengo miedo de estar cerca de un policía”, dijo.
La abogada Paola Palavecino, madre de uno de los jóvenes detenidos, denunció que hasta este día, el comisario Gustavo Errecarte sigue sin devolver el teléfono celular que robó de su hijo. Cuestionó que no esté investigado y que hayan puesto en riesgo la vida los manifestantes.
La abogada Rosa Vacchetta manifestó que “protestar no es un delito, pero el espionaje que hizo la policía sí lo es”.
También la abogada Raquel Talavera afirmó que las detenciones fueron arbitrarias y que Riera “quiso criminalizar a defensores de DDHH”.
