14 abr. 2026

Denuncian ante la Fiscalía presunta corrupción en la Comuna asuncena

Entre las irregularidades mencionadas en la demanda presentada en la Fiscalía se menciona el desvío de más G. 500 mil millones, aprobación irregular de préstamos y asociación criminal.

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Desvío. La administración de Nenecho no difunde facturas que demuestren cómo se gastaron los G. 500 mil millones que debían usarse en obras de infraestructura. El edil Álvaro Grau denunció además que la Comuna solicitó préstamos de forma ilegal durante el 2024.

Una denuncia penal innominada fue presentada ayer por supuestos hechos punibles cometidos durante la gestión del imputado intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Se denuncia el desvío de más de G. 500 mil millones y otras graves irregularidades como la aprobación de un supuesto préstamo ilegal de G. 279 mil millones, el manejo presuntamente indebido de G. 8 mil millones del Fonacide y la falta de pago a los jubilados municipales.
La denuncia fue presentada por el abogado Enrique Wagener, en representación de la plataforma ciudadana Defendamos Asunción.

“Nosotros queremos que salga a la luz todo y creemos que esta es la forma. Hoy el último ente que queda para poder lograr la transparencia es el Ministerio Público. La Contraloría (...) no hace su trabajo en este caso porque la Junta Municipal no está enviando las documentaciones, los archivos en donde tiene que enviar”, dijo Wagener antes de entregar su denuncia en la sede de la Fiscalía.

Los hechos irregulares presentados en la denuncia además apuntan a la aprobación del balance general del 2024, pese a las mencionadas irregularidades y a la mala gestión por parte de Nenecho.

También menciona que la Municipalidad “acumula una deuda de USD 242.000.000 (...), con un pasivo corriente de USD 98.600.000 (...) que duplica el activo líquido de 56.300.000”. Solo por la deuda de bonos, la carga de la deuda irá agravándose entre 2028 y 2032, cuando los pagos se dupliquen. Esto, de acuerdo al documento de la denuncia, constituye una “planificación financiera irresponsable” y encausa en el supuesto hecho punible de lesión de confianza. Bajo esta categoría también se menciona el desvío de los G. 500 mil millones de bonos.

OTRO CASO MÁS. La gestión de Nenecho fue denunciada por obstrucción a la transparencia, puesto que habría incumplido las disposiciones de la sentencia de amparo S.D. N° 277 del 14 de junio de 2024, que dispuso ordenar a la Municipalidad que provea al abogado Ezequiel Santagada de la información detallada acerca del uso de los bonos. Teniendo la resolución firme, señala el documento, la Comuna “se niega a entregar los contratos, alegando confidencialidad, en contravención del artículo 8 de la Ley N° 5282/2014”. Esto podría considerarse un supuesto hecho punible de desacato judicial.

Se menciona que los hechos denunciados “habrían sido cometidos bajo la administración y gestión” de Nenecho, Nelson Mora (jefe de Gabinete), Ángel Chávez (director de Finanzas), Pedro Bogado (coordinador de Finanzas), Emmanuel Lara (director de Fonacide) y Mirtha Acha (directora de Obras). También se incluye el nombre de los 14 concejales que aprobaron la rendición de Nenecho, resaltando que “los mismos tenían la obligación de denunciar los hechos punibles de acción pública de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 286 del C.P.P”.

Entre los supuestos hechos punibles denunciados se menciona, además la producción de documentos de contenido falso, un supuesto hecho de declaración falsa y de frustración de la persecución y ejecución penal, y asociación criminal, atendiendo a la supuesta “coordinación para ocultar el desvío de sumas de dinero patrimonio de la Municipalidad”. Se solicita el allanamiento de la Comuna.

Nenecho fue imputado por la Fiscalía por lesión de confianza y asociación criminal, en el caso detergentes de oro.

Si me preguntan a mí personalmente, yo creo que el intendente (Óscar Rodríguez) debería renunciar y abrir la caja de Pandora. Enrique Wagener, abogado.
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Denuncia. Enrique Wagener presentó la denuncia en la Fiscalía. Alegó que la Junta debió remitir documentos irregulares al Ministerio Público.

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