El cultivo de la marihuana como sustento principal de familias en San Pedro y Canindeyú es una realidad lacerante que no se puede soslayar. La situación revela una vez más la ausencia del Estado en territorios donde es extremadamente necesaria la presencia integral de instituciones con programas y proyectos que puedan causar un gran impacto social y generar aparte de acciones bien delineadas, la esperanza de un futuro mejor. La educación, la inserción laboral y en una economía lícita deben ser los objetivos. Hay que dar alternativas.
Un Estado eficiente genera las condiciones para que la población pueda alcanzar sus metas de desarrollo por medio de la educación y una eficaz inserción laboral que son factores claves para que una comunidad pueda emerger hacia un ansiado bienestar.
Las políticas públicas para concretar esos objetivos deben contemplar la situación social, los recursos adecuados, el tipo de población a la que van dirigidas y estar exentas de cualquier manipulación, ya sea política, sectorial, o de cualquier otra índole.
El objetivo debe ser por sobre todo transformar las vidas de personas que no tienen oportunidades para acceder a una formación académica adecuada y oportunidades laborales reales que puedan causar un gran impacto positivo en sus vidas y las de sus familias.
Todo Gobierno, sea nacional o local, para conseguir estas transformaciones deben accionar de forma coordinada y con una proyección de objetivos a cumplir a corto, mediano y largo plazo. Los ideales deben convertirse en acciones concretas cuando se pretende mejorar las condiciones de vida de comunidades aisladas y no beneficiadas de planes o proyectos oficiales.
En este contexto, días pasados nuestro diario publicó un interesante artículo en el cual se señalaba como la nula gestión de las autoridades para apoyar a los agricultores y cambiar la producción de lo ilícito por lo lícito sigue alentando a las poblaciones de varias comunidades de San Pedro y Canindeyú al sembrado de cannabis, a tal punto que representan en aquellas la principal actividad de fuente de ingresos de numerosas familias.
Una investigación llevada a cabo por el abogado Juan Martens, máster en Criminología, publicada en diciembre del año pasado en la revista Población y Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), realizada en dos comunidades de Canindeyú, sostiene lo expresado anteriormente, que refiere que el cultivo de marihuana es el principal sustento económico para la mayoría de las familias.
La situación revela una vez más la ausencia del Estado en territorios donde es extremadamente necesaria la presencia de instituciones con programas y proyectos que puedan causar un gran impacto social y generar aparte de acciones bien delineadas, la esperanza de un futuro mejor que tanto requieren las familias de estos pueblos. Se les debe dar alternativas para sustituir estos cultivos ilegales por rubros agrícolas diversificados con apoyo técnico y crediticio.
Del trabajo de investigación no se puede dejar de mencionar el entramado de corrupción que involucra a ciertas autoridades que participan en el desarrollo de la actividad ilícita como protectores de las plantaciones de marihuana, como es el caso de policías, que cobran un canon por los cultivos. Caso contrario, las parcelas serán destruidas.
Asimismo, como en dichas zonas no existe un transporte público organizado, proliferan las motos y autos sin documentación robados en el Brasil, que para circular también se debe pagar coima a policías.
Es decir, por un lado, es justa y necesaria la articulación de programas del Estado con énfasis social para la promoción humana, pero, por otro lado, para que estos planes puedan proyectarse y sostenerse en el tiempo también debe combatirse la rampante corrupción que solo genera marginalidad y pobreza a cualquier comunidad.
La corrupción es una ventana también para las tentaciones, por lo cual para desarrollar un trabajo de educación, capacitación técnica e inserción laboral implica por supuesto considerar todas estas aristas para lograr los fines propuestos en los plazos previstos.
