Un operativo de la Secretaría Antidrogas culminó con dos líderes indígenas muertos. Frente a la versión oficial que los presenta como criminales se han levantado voces reclamando justicia y esclarecimiento del procedimiento. El cardenal Adalberto Martínez exige una investigación transparente y el Mecanismo contra la Tortura pide que se investigue bajo estándares de derechos humanos.
La primera información que dieron a conocer el pasado fin de semana sostenía que en un procedimiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dos miembros de la comunidad indígena Y’apo, en Canindeyú, fueron muertos durante un supuesto fuego cruzado. Desde la Senad defendieron la versión de que los fallecidos pertenecían a la estructura del grupo de Felipe Acosta, alias Macho. El propio Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Antidrogas, afirmó que sus agentes fueron sorprendidos por ellos y que tenían fusiles de guerra en su poder.
Sin embargo, con el correr de los días, los familiares de los fallecidos y su comunidad alertaron a la sociedad respecto de la versión oficial. Afirman que los asesinados no pertenecen a un grupo criminal y que, por el contrario, el docente Catalino Correa y el líder indígena Antonio Carrillo fueron torturados y asesinados por fuerzas de la Senad.
Esta comunidad mantiene un largo conflicto de tierras con estancieros brasileños, a quienes acusan de haber invadido sus territorios ancestrales. Actualmente, son nueve las comunidades indígenas las que se encuentran dentro de la estancia.
Frente a estos sucesos, la Fiscalía General del Estado conformó un equipo de agentes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y de Derechos Humanos para iniciar una investigación penal sobre los hechos. Diversas organizaciones se han pronunciado expresando su preocupación y pidiendo una investigación transparente.
El cardenal Adalberto Martínez, arzobispo Metropolitano de Asunción, hizo referencia a una presentación dirigida al Ministerio del Interior –recibida oficialmente el 11 de agosto de 2026–, tres días antes de los hechos, que fuera realizada por el mismo Antonio Carrillo y los líderes del Tekoha, en la que manifestaban su preocupación por los intentos de despojo de su territorio y por acusaciones perjudiciales para su dignidad.
Dice el cardenal, ante las diferentes versiones: “Esperamos que las autoridades competentes y el Ministerio Público puedan investigar a fondo esta situación, esclarecer la verdad y deslindar responsabilidades con plena observancia de la ley y del debido proceso y con irrestricto respeto a la dignidad a la vida y a los derechos de los pueblos indígenas. La aplicación de la ley debe ofrecer garantías a todas las personas y asegurar que ningún hecho quede en la impunidad”.
Asimismo, la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay pide presencia del Estado, escucha y respuestas de las autoridades. “Una comunidad que ha perdido violentamente a dos de sus miembros tiene todo el derecho a ser escuchada, protegida y acompañada, y a conocer la verdad de lo sucedido. El Estado no puede llegar solo después de la violencia: Tiene la obligación de prevenirla y de garantizar los derechos de quienes históricamente se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. Los religiosos exigen una investigación seria, independiente, exhaustiva y transparente, que permita determinar responsabilidades y garantizar que la verdad salga a la luz.
También el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura criticó el actuar de la Secretaría Nacional Antidrogas en el caso que culminó con dos abatidos en Corpus Christi e instó a que las muertes de Y’apo sean investigadas bajo estándares de derechos humanos.
“Con creciente preocupación observamos el apartamiento de las fuerzas de seguridad, en especial de la Senad, de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las armas de fuego, tal como se evidencia en el accionar de los agentes especiales de esta secretaría dependiente del Poder Ejecutivo”, señalan en el comunicado sobre los fallecidos de la comunidad indígena Y’apo.
Resulta muy importante la advertencia del Mecanismo sobre la gravedad de los hechos denunciados, y acerca de que las autoridades deben garantizar que los procedimientos de intercepción y empleo de la fuerza letal cuenten con el control y la dirección de la Fiscalía, como la autorización judicial para asegurar en todo momento el respeto de las garantías del debido proceso, protección de la vida, integridad personal y transparencia.
