EFE
Sawhoyamaxa es la primera comunidad indígena en Paraguay que se ha beneficiado de una expropiación de tierras en democracia.
Después de ser expulsados de su territorio ancestral, tras 23 años de lucha en los tribunales lograron que el año pasado el Estado promulgara una ley que les devuelve 14.404 hectáreas.
El incidente comenzó cuando cinco personas armadas que trabajan para las firmas Roswell Company S.A. y Kansol S.A., propiedad del ganadero alemán Heribert Roedel, acudieron hasta las viviendas de la comunidad indígena, en sus tierras ubicadas en el Chaco, y les exigieron que se marcharan, informó a Efe Ireneo Téllez, abogado de Tierraviva.
Cuando el líder de la comunidad, Carlos Marecos, se enfrentó al gerente de Roedel, identificado como Luis Brítez, este respondió sacando una pistola y apuntándole a la cara, según Téllez.
“Con toda impunidad, además iba acompañado de dos policías que ni le sacaron el arma ni le detuvieron, pese a estar cometiendo un delito flagrante de amenaza”, dijo Téllez en conversación telefónica desde el lugar, ubicado en el departamento de Presidente Hayes, a unos 300 kilómetros de Asunción.
“Si no llega a intervenir el resto de la comunidad, no sé qué hubiera pasado”, agregó el abogado.
“Está todo filmado y por suerte logramos que los policías lo hicieran constar en el acta. Aunque la Fiscalía con la que nos comunicamos se negó a constituirse en el lugar, cuando tienen la obligación de hacerlo”, añadió.
En 2006, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que la comunidad Sawhoyamaxa fue expulsada de su territorio ancestral por Roedel sin que el Estado lo impidiera.
Pero el grupo de nativos aún no ha conseguido que los empleados del ganadero abandonen las tierras, pese a que han interpuesto hace más de un mes una denuncia por invasión de inmueble ajeno contra las empresas ganaderas de Roedel.
La comunidad espera ahora que el Estado paraguayo dé cumplimiento al resto de la sentencia de la CIDH, que ordena que se les entregue un fondo de desarrollo de un millón de dólares para proyectos de servicios públicos como educación y salud, a los que nunca han tenido acceso.
