El futuro canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, y el próximo ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, se reunirán con el gremio de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay para tratar el conflicto existente sobre el cobro del peaje en la hidrovía por parte de Argentina.
La reunión está marcada para este lunes 31, a las 8:00, en la residencia del próximo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, fue convocado al encuentro el embajador argentino en nuestro país, Domingo Peppo.
Peña y Fernández hablaron sobre el tema
Días atrás, el presidente electo, Santiago Peña, contó en una entrevista con un medio brasileño que conversó con el mandatario Alberto Fernández sobre la controversia en torno al cobro de un canon a las embarcaciones que pasan por el tramo norte de la vía navegable troncal (VNT).
“Con Alberto (Fernández) hablamos también del Mercosur, la integración, la hidrovía que hoy afecta a cinco países: Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina”, señaló en la entrevista con MyNews.
Si bien Peña no dio detalles sobre lo conversado, indicó que se trata de un canal importante para el futuro de la integración.
“Son 3.000 kilómetros de rutas fluviales que podrían permitir construir sobre el Cono Sur en el mayor eje comercial del mundo”, sostuvo.
En ese sentido, se mostró abierto al diálogo para llegar a una solución y poder colaborar, “como una voz de apoyo”.
“La situación económica de Argentina no es fácil, es una situación que aparte se combina la inestabilidad económica con una inestabilidad política, así que mi mayor deseo es que sea lo mejor posible”, subrayó.
Conflicto
Argentina tomó de forma unipersonal la decisión de imponer un peaje de USD 1,45 por tonelada para el transporte internacional en el tramo de la VNT comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay.
Paraguay y otros países de la región, como Brasil, Bolivia y Uruguay, rechazaron la medida arbitraria y consideraron que se trata de una violación al Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
Si bien las autoridades pidieron a Argentina abstenerse de tomar medidas que atenten contra los acuerdos internacionales, el país vecino sostiene que no es posible suspender el cobro del peaje en la vía fluvial y que este monto tiene por objetivo financiar las inversiones realizadas desde el año 2010 a costa del Estado argentino.
Reiteraron que el cobro se estableció en ejercicio de sus potestades en el tramo de soberanía exclusiva del río Paraná y respetando todos los compromisos internacionales asumidos con los países integrantes de la cuenca.
