Bajo el patrocinio del abogado Guillerno Ferreiro, los funcionarios José Camilo Gauto Inchausti, Silvia María Amarilla Gali y Carlos Gustavo Florentín presentaron ante el Ministerio de Relaciones de Exteriores un recurso de reconsideración por el cual piden dejar sin efecto la Resolución 61.
Son tres de los 10 aspirantes a la carrera diplomática que obtuvieron los puntos más altos en el XVI Concurso Público de Oposición y Méritos realizado en el 2023, que fue anulado por supuestas irregularidades en la selección.
En el documento presentado al canciller nacional Rubén Ramírez exponen una serie de fundamentos como sustento, entre ellos, la violación del principio de legalidad estipulado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
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Alegan que no fueron notificados de los hechos denunciados ni han tenido la oportunidad de presentar descargo y las pruebas.
Hacen hincapié en la violación del principio de finalidad al considerar que la denuncia menciona a dos personas; no obstante la resolución ministerial afecta a 10.
“Se ha afectado a un colectivo, por supuestos actos individuales, que no constituye falta alguna, por lo que ha afectado la integridad, transparencia e igualdad de oportunidades”, reza el documento.
El principio de razonabilidad es el más vulnerado por el MRE, según consideran los concursantes, porque denuncia carece de sustento y la medida administrativa sanciona a quienes no han sido ni siquiera denunciados ni investigados”.
Sostienen, en el recurso, que se vulnera el derecho que ha adquirido al ingresar al servicio diplomático con puntajes altos y sin faltas a las leyes o reglamentos.
“Simplemente hemos sido perjudicados, en nombre del interés de mantener una buena imagen”.
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De acuerdo con el documento, se perdió el principio de proporcionalidad con la medida que deja sin efecto los exámenes del concurso, sino “que consiste en un castigo colectivo, lejano al estado de derecho”.
Asimismo, describen las faltas al principio de motivación y debido proceso porque no pudieron contradecir los hechos, producir pruebas, contar con igual de armas procesales y tener una resolución fundada de hechos.
En la víspera, en comunicación con Última Hora, el abogado Guillermo Ferreiro advirtió que si la Cancillería Nacional rechaza la reconsideración, tiene luego un plazo posterior de 18 días hábiles para presentar una demanda contencioso administrativa.
