El Consejo de Defensa Nacional (Codena) se reunió este lunes de manera extraordinaria tras los últimos hechos de violencia y tomó la decisión de liberar los territorios de intervención a los militares.
“Se necesita que elementos de las fuerzas militares actúen en coordinación con las otras instituciones en territorios que están fuera de los departamentos que tienen límites para la actuación de la FTC, eso no quiere decir que vaya a haber un aumento ni una migración de otros departamentos, pero sí la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo a donde vaya la amenaza. No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria, ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el ministro de Codena, Cíbar Benítez.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay, conformada por policías y militares, fue creada en el 2013 mediante una ley durante el gobierno del entonces presidente Horacio Cartes. Sus áreas de influencia son San Pedro, Concepción y Amambay.
Para oficializar los cambios anunciados, también se prevé un decreto presidencial, según Benítez.
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El ministro del Interior, Enrique Riera, habló de una “flexibilización en la movilización del poder de fuego del Estado en función de la amenaza existente en cada territorio”, para explicar el alcance de la medida.
Mencionó que la decisión obedece a un mandato del presidente Santiago Peña y, en ese sentido, advirtió que habrá retenes donde se controlarán documentos de vehículos y de personas para que se “sienta la presencia del Estado”.
“La Policía Nacional aumentará de forma muy importante su presencia en un perímetro lo suficientemente amplio como para garantizar la seguridad de productores y de ciudadanos que se movilicen hacia esas zonas”, manifestó en conferencia de prensa.
Como ejemplo, mencionó el Departamento de Canindeyú, una zona con reservas, pueblos originarios y plantación de granos, donde es frecuente el uso de caminos internos. Al respecto, indicó que el objetivo es generar allí “un anillo de protección”.
Riera insistió en que el mandato de Peña es “hacer un plan que, de hecho, se estaba haciendo, pero queremos aumentar la presencia de personal policial en las comisarías y en las calles, en las rutas, en los caminos vecinales, en todos los lugares donde haya movimiento y tránsito, porque es una zona muy especial”.
Sobre el pedido de la familia de que las fuerzas públicas puedan alejarse para dar espacio a una negociación con los criminales, el ministro señaló que, si bien se respeta esta intención, el Estado no puede dejar de intervenir para dar con la víctima y detener a los responsables.
Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, ratificó que hasta el momento se maneja que el EPP es el responsable del secuestro de Almir De Brum, de 32 años, ocurrido en la zona de Campos Morombí, en el límite entre Canindeyú y Caaguazú. Comentó que el mandatario se comunicó con los padres, esposa y hermanos de la víctima.
“El decreto que firmará el señor presidente habilitará a las Fuerzas Armadas a emplear todos sus recursos en lugares específicos contra amenazas concretas. Además, aumentaremos la dotación de personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna con todo el apoyo logístico que ello implica. Nuestra visión es combatir las amenazas a la seguridad y a la defensa del país”, agregó el comandante de las Fuerzas Armadas, César Augusto Moreno.
Mientras el Gobierno decidió ampliar los límites de actuación de las fuerzas militares, pobladores del norte del país y organismos de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los uniformados, así como la instalación de temor entre los habitantes.
