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El comisario Juan Fretes, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó ayer que en los últimos tres años un total de 109 policías tuvieron una baja deshonrosa al comprobarse su culpabilidad en diferentes hechos ilícitos. De esta, cuarenta y cuatro corresponden al último año de purga.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos institucionales que afectan a estas cuarenta y cuatro bajas deshonrosas, cuarenta y dos pases a retiro y veintidós ascensos.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), mencionó al respecto que una depuración en la Policía Nacional es positiva; sin embargo, trajo a colación detalles preocupantes que se venía advirtiendo.
Según la nómina del personal que cayó en baja deshonrosa, siete corresponden a centros de formación (cuatro cadetes de la Academia y tres del Colegio de Policía), mientras que treinta y siete eran personal en servicio activo.
“Un dato sumamente crítico es que el 27% de las bajas en servicio activo corresponden a suboficiales ayudantes”, indicó el senador, para quien deja en evidencia estos datos que el proceso de formación está fallando y requiere correcciones urgentes como el fortalecimiento.
Mencionó que varias de estas bajas son por hechos delictivos graves, como crimen organizado, delitos contra la propiedad y homicidios.
“Un ejemplo claro es el del ex suboficial Florentín, condenado por el homicidio de Rodrigo Quintana durante el atropello a la sede del PLRA el 31M; y el del suboficial Chaparro, condenado por el asalto y asesinato del ciudadano suizo Reto Schraner”, afirmó.
“Lo importante -apunta Filizzola- es analizar el fracaso de la formación exprés”, frente a la necesidad de mejorar la formación del personal.
“En lugar de fortalecer y potenciar el proceso de formación para garantizar personal de alta calidad a cargo de la seguridad ciudadana, se ha optado por la improvisación, formando policías en tan solo ocho meses, es un acto irresponsable y peligroso”, afirmó.
Ante esa situación, destacó que ya advertían que la “masificación del proceso no garantiza mejores agentes; todo lo contrario”.
Mencionó que lo más grave es que mientras se acortan los plazos de instrucción, se limita el ingreso de aspirantes con los mejores puntajes, por el “solo hecho de ser mujeres” como lo ocurrido en años anteriores con la “excusa discriminatoria del cupo para mujeres”.
Retiro. En cuanto a la alta cantidad de pases a retiro, acotó que no sería responsable atribuirlos de forma generalizada al uso del polígrafo.
“En los casos específicos de los comisarios generales inspectores Atilio Gabriáguez y Optaciano Cardozo, sus pases a retiro, según los decretos, responden al cumplimiento de 32 años de servicio sin haber alcanzado el siguiente ascenso”, explicó.
Sin embargo, refirió que el grueso del volumen de retiros se debe a que muchos policías optaron por solicitar su salida anticipada, para asegurar una mejor jubilación ante la incertidumbre generada por la reforma de la Caja Fiscal.
“Dijimos que esta reforma fiscal era un parche, no solucionó el problema de fondo, pone en riesgo la vejez digna y hoy ya muestra sus primeras consecuencias en la fuerza pública, como la pérdida acelerada de cuadros experimentados que prefieren retirarse, resintiendo directamente en la operatividad de la Policía Nacional”, subrayó.
Deshonra. Además de Florentín y Chaparro Martínez, fueron expulsados del cuadro policial los hermanos Bonifacio Fabián y Miguel Alejandro Britos Benítez, quienes se dedicaban al asalto y tráfico de drogas y pagaban a sus superiores para no trabajar.
El ex suboficial José Isacio Peralta Martínez fue detenido en el Operativo Azabache, en el 2017, en una serie de allanamientos en Ciudad del Este y Presidente Franco, que buscaba desmantelar una red de narcotraficantes. En 2020 fue condenado a 16 años de prisión por tráfico de drogas.
