Esta vez, los camaristas Jesús Riera, Arnulfo Arias y María Belén Agüero declararon inadmisible el recurso de apelación del fiscal Silvio Alegre, en contra del fallo dictado el 17 de febrero pasado, por los magistrados Manuel Aguirre, Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz.
Los magisrados habían absuelto al acusado, a la fecha de 61 años, luego de sustanciar la audiencia oral. Dijeron que había inconsistencia de la acusación a más de contradicciones en que entraron los testigos con la acusadora.
La víctima, a la fecha de 40 años casada y con hijos, declaró en el juicio oral. Dijo que había sido abusada más de 100 veces por su padrastro, pero ninguno de sus cuatro hermanos vio nada pese a que dormían todos juntos en la habitación. Señalaron que el padrastro era muy estricto, pero que nunca vieron una conducta de esta naturaleza. De esta manera, los jueces habían declarado no probado los hechos, y absolvieron al procesado.
La fiscala Sandra Fariña apeló el fallo donde pidió anular la absolución. No obstante, según el Tribunal de Apelación Penal, del recurso del fiscal “no se puede extraer de dicho escrito un agravio concreto”. Refirieron que no se pudo saber sobre las normas mal aplicadas, entre otros.
Con ello, por voto unánime, los camaristas declararon inadmisible el recurso de la apelación promovido por el agente fiscal porque su escrito no estaba debidamente fundado, con lo que la resolución quedó ratificada en segunda instancia.
Ahora, a la Fiscalía le queda recurrir a la Sala Penal de la Corte, con un recurso extraordinario de casación, en caso de que quiera hacerlo.
Anulación anterior
El acusado, J. M., en un primer juicio oral, había sido condenado a nueve años de cárcel tras encontrado culpable de abusar sexualmente de su hijastra en una vivienda de la capital hace 26 años. Sin embargo, esto había sido anulado.
En el caso, la abuela de la niña había denunciado el hecho en el año 2001, con lo que el hombre se enteró y el 26 de setiembre de 2001 se presentó para declaración indagatoria ante el fiscal, junto con su abogado.
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Sin embargo, fue imputado el 1 de noviembre de 2001 por el entonces fiscal Rodolfo Fabián Centurión, y acusado el 13 de abril de 2002, donde le fijaron audiencia preliminar dos veces, pero no fue notificado de estas actuaciones, según se constató en el expediente.
En Apelación, habían notado que en el expediente, el 16 de noviembre de 2001, el juzgado de Garantías admitió la imputación, pero nunca fue notificado. Tampoco le notificaron de la imposición de medidas, ni de la acusación.
Fue declarado en rebeldía el 28 de diciembre de 2004, con lo que estuvo prófugo hasta el 19 de marzo de 2024, cuando J. M. se acercó a la Ayudantía de la Comisaría 10ª Central, de Mariano Roque Alonso, para pedir un certificado de vida y residencia, y ahí lo detuvieron. No sabía nada del caso.
El mismo fue a prisión y luego fue sometido a juicio oral, donde le condenaron a nueve años de cárcel. Esto se anuló, se hizo otro juzgamiento, donde lo absolvieron, y ahora, se ratificó la absolución. Al fiscal Alegre aún le queda la Corte Suprema.
