07 ago. 2025

Fiscalía pide prisión para dos acusados en la causa del diputado Esteban Samaniego

El fiscal Silvio Corbeta pidió que se revoquen las medidas y que dos funcionarios municipales sean enviados a prisión, porque ambos recusaron al juez y pararon la audiencia preliminar en diferentes ocasiones. En la causa se habla de un esquema para desviar el dinero que debía usarse para reparar colegios.

Patricia Corvalán.jpg

Patricia Corvalán fue electa intendenta el pasado 25 de marzo. Foto: Gentileza

El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió al juez Humberto Otazú que revoque las medidas alternativas que tienen dos procesados en la causa donde está imputado el diputado colorado Esteban Samaniego y acusada su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.

Se trata de Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas. Este último recusó ayer al juez, y logró suspender por tercera vez la audiencia preliminar. El magistrado debía decidir si el caso va o no a juicio.

Ambos, al igual que Corvalán están acusados junto a otras personas más de supuestamente formar un esquema para desviar G. 1.108 millones.

Ver también: De nuevo se suspende preliminar de intendenta de Quyquyhó, esposa de diputado

El dinero debía ser utilizado para la reparación de colegios, pero en su lugar se destinó para la construcción de la vivienda familiar para el matrimonio Samaniego-Corvalán.

Se habla de un “esquema de corrupción dentro del municipio, integrado por proveedores ficticios, quienes eran adjudicados con sin números de contratos para lesionar el patrimonio de la comuna”.

Justificación del pedido de prisión

El fiscal solicitó que los acusados vayan a prisión, “atendiendo a que los acusados han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a dilatar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales”.

Ver también: Fiscal pide a juez que prohíba a intendenta de Quyquyhó acercarse al Municipio

El pedido es a fin de asegurar que se realice la audiencia preliminar.

Según Corbeta, hay suficientes elementos para que ambos vayan a prisión, ya que hay peligro de fuga.

Tres veces ya se suspendió la preliminar

La primera vez que se intentó hacer la audiencia fue en febrero de este año, pero se postergó porque la intendenta de Quyquyhó apeló la fijación de la preliminar.

Luego de que rechazaran su apelación, el 23 de mayo se intentó hacer nuevamente, pero allí el ex jefe de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad, Enrique Lovera, recusó al fiscal Silvio Corbeta y al juez Humberto Otazú.

El último intento fue ayer, pero el procesado Guido Vargas volvió a recusar al magistrado, a través de su abogado Juan David Campuzano, y pidió al Tribunal de Apelaciones que le aparte de la causa.

Más contenido de esta sección
El abogado Óscar Tuma, defensor de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, procesado en el caso Pavo Real II, anunció que mañana presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución que le declaró litigante de mala fe y lo multó por sus publicaciones en redes sociales.
La jueza en lo Civil Karen González, esposa del declarado por los EEUU “significativamente corrupto” Jorge Bogarín, está apuntando a ser miembro del Consejo de la Magistratura, pese a que no puede integrar, según la ley, ningún movimiento político. En la denuncia piden investigar o remitir al Jurado la causa.
La Sala Penal de la Corte declaró esta mañana inadmisible el recurso de casación promovido por la empresaria Cristine Vogel Diedrich, acusada por supuesto procesamiento ilícito de desechos y otros hechos punibles, por la supuesta contaminación del arroyo San Lorenzo, en la fábrica de embutidos Ochsi.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la auxiliar fiscal Claudia Guillén y su padre Ramón Alberto Guillén Ortiz, procesados por estar en posesión de una camioneta robada en el Brasil y huir del control policial. Ahora, el juez Yoan Paul López podrá fijar la preliminar para ambos.
Una de las condenadas en el caso de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay apeló la resolución por la que se le intima a presentarse para cumplir con su pena por lesión de confianza. La querella pide ahora que no se le dé trámite al recurso hasta que se ponga a disposición judicial.