“Estamos amaneciendo en Canindeyú con una serie de allanamientos para combatir la estructura económica del grupo de alias Macho”, declaró ayer el comisario Luis López, el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, sobre la operación Barret.
Señaló que el procedimiento, que se desplegó en distintas ciudades del departamento, tenía como blanco a entre 15 y 20 personas, incluyendo “brazos ejecutores, operadores directos y encargados del lavado de dinero”.
Además, detalló que la estructura delictiva habría utilizado una amplia red de comercios, inmuebles y activos mobiliarios para canalizar recursos ilícitos generados por el narcotráfico y delitos conexos. “Particularmente comercios. Muebles, inmuebles y otros tipos de estructuras comerciales”, expresó López.
Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue la inclusión de miembros de las fuerzas de seguridad entre los sospechosos.
Consultado sobre la posibilidad de que entre los objetivos figuren familiares directos del narcotraficante, López fue reservado: “Hay muchas cosas por delante todavía”.
El operativo Barret representó un cambio estratégico en la lucha contra el crimen organizado, apuntando directamente a la red financiera y logística que sostiene el accionar delictivo de uno de los narcotraficantes más buscados del país. “Se trata de personas clave en el lavado activo, que mantenían viva la estructura financiera del grupo”, explicó el comisario.
Entre los buscados estaban Magda Ayala Sosa, pareja de Giovani Zárate Jimenez, alias Johny, que se encuentra detenido. El hombre era el encargado de pagar sobornos a uniformados y otras autoridades de la zona, además deMilciades Quiñónez Argüello, oriundo de una comunidad indígena, sindicado como el encargado de plantaciones y de conseguir personas que trabajen en las parcelas.
