Los fiscales anticorrupción Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez solicitaron al juez Humberto Otazú que cite “bajo apercibimiento de ser obligados a comparecer por la fuerza policial” al ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y a los demás procesados en dos causas en las que ya hay acusación de Fiscalía.
El pedido fue hecho luego de que la Corte Suprema de Justicia haya destrabado ambos casos y haya vía libre para fijar audiencia preliminar.
El pasado 20 de agosto, la máxima instancia judicial rechazó la recusación al juez, en la primera causa, conocida como Tía Chela, donde el Ministerio Público presume que se habrían hecho desvíos a través de cestas básicas de alimentos para personas de escasos recursos en plena pandemia. Se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a G. 2.949 millones.
Una semana después, la Corte también destrabó una segunda causa, donde la acusación se sienta sobre sospechas de que Miguel Prieto lideró supuestamente un esquema creado para desviar fondos, causando un perjuicio de más de G. 306 millones a la Comuna esteña.
Esto habría ocurrido a través de un pago irregular a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, tras un procedimiento diseñado para beneficiar exclusivamente a dicha firma.
Destituido
El pasado 19 de agosto, Miguel Prieto fue destituido como intendente por la Cámara de Diputados, luego de sospechas de irregularidades durante su administración, según concluyó la intervención en Ciudad del Este.
Según los diputados, se corroboraron hechos como el mal uso del combustible, inversiones de capital que fueron a parar a gastos corrientes, así como el descubrimiento de cajas paralelas para el cobro de impuestos inmobiliarios.
