Los alegatos de la Fiscalía y las defensas en el caso del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, y del coprocesado Alfredo Guachiré, por supuesta lesión de confianza, se desarrollaron desde tempranas horas de este viernes.
La fiscala Victoria Acuña solicitó al tribunal de Sentencia la pena de 5 años de cárcel para Camilo Soares y 3 años para Alfredo Guachiré, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
La representante del Ministerio Público señaló que los dos procesados causaron un perjuicio patrimonial de G. 1.224.976.100 a la institución estatal en cuestión.
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Ambos fueron acusados por la presunta sobrefacturación en la compra de alimentos por la emergencia que se declaró en cinco departamentos por la sequía del 2009. El caso es más conocido como “Coquitos de Oro”.
Por su parte, la defensa sostiene que el caso está prescripto y que no hay evidencias. En el juicio, los abogados de Soares solicitaron la absolución de culpa y pena.
De hecho, Soares afirmó en su declaración del martes pasado ante el Tribunal que como ministro de la SEN tenía la obligación de hacer las compras en forma urgente y que no hubo irregularidad alguna en las adquisiciones.
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En esa ocasión también alegó que su proceso era “político” y responsabilizó de su situación a cuatro fiscales, que ahora tienen cargos en el Gobierno.
Se despachó contra los fiscales que lo investigaron: Arnaldo Giuzzio, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); René Fernández, al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac); Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y Rocío Vallejo, actual diputada.
Afirmó que el entonces presidente Fernando Lugo le dijo que Giuzzio quería entrar en la terna de fiscal general y que podía solucionar así su tema, pero que él se negó a que lo hiciera.
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Para este viernes no se descarta que los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro dicten una sentencia en el caso, sea condenatoria o absolutoria.
El juicio se inició en marzo pasado y fue uno de los pocos que siguió en la fase 0 de la pandemia por Covid-19, por lo que hubo interrupciones por recusaciones y enfermedad de uno de los jueces.
