15 ago. 2025

Fiscalía pide 4 años de cárcel para encargado del Centro Cultural La Chispa

Juan Sebastián Coronel, encargado del Centro Cultural La Chispa, declaró esta mañana ante el Tribunal de Sentencia que lo juzga por contaminación de aire y ruidos dañinos. Dijo que nunca fue sancionado por la Municipalidad de Asunción que hacían 50 actividades por año y que cada conjunto que tocaba llevaba su equipo de sonido y sonidistas.

c9a02db3-885c-412f-a71a-b33d7eefa85c.jpg

Declaración. Juan Sebastián Coronel durante su declaración ante el Tribunal de Sentencia que lo juzga.

Foto: Gentileza.

El Ministerio Público pidió cuatro años de cárcel para el responsable del Centro Cultural La Chispa, luego de que el procesado diera su declaración y se extendiera por más de una hora ante los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, quienes lo escucharon y le formularon numerosas preguntas sobre su testimonio.

Posteriormente, la Fiscalía hizo sus alegatos.

Sebastián Coronel explicó que se encargaba de toda la gestión administrativa ante la Comuna de Asunción y las ferias y actividades que se realizaban en el Centro Cultural La Chispa. Además, que llegó a varios acuerdos con los vecinos para evitar que sean molestados.

No obstante, rememoró que con algunos pobladores de la zona las relaciones ya estaban rotas antes de su gestión, por lo que no pudo hablar con ellos.

Incluso, dijo que ponían guardias para evitar que se hicieran pintatas en las paredes del Asunción Palace Hotel, declarado patrimonio histórico de la ciudad de Asunción.

Así también remarcó que no manejaba los equipos de sonido, que no sabe de eso, ya que es licenciado en Ciencias de la Comunicación. También que cada grupo que tocaba llevaba su propio equipo de sonido y sus sonidistas.

Igualmente, que nunca fue notificado de ninguna sanción por parte parte de la Municipalidad de Asunción, además de que no dialogó con los funcionarios municipales ni la Fiscalía, porque no sabía que realizaban mediciones, y que se enteró en el juicio oral. Sí habló con los agentes policiales.

Lea más: Ministra de Cultura será citada en juicio contra encargado de La Chispa

Refirió que los 80 decibeles se alcanzan con 20 personas que están hablando, y que la ordenanza que les referían no estaba vigente, ya que es del 2004, y reglamenta la Ley 1100, que ya está derogada actualmente.

Por otro lado, relató sobre las actividades que realizaban, las mejoras que llevaron a cabo en la cuadra de Estrella entre Colón y Montevideo, en el microcentro de Asunción, donde están ubicados.

También que, tras la imputación, cerraron el centro cultural, pero que los vecinos igual no pueden dormir por las actividades que se realizan en el Centro Histórico de Asunción.

Sobre los vecinos que se quejaban, dijo que era una opinión de ellos, ya que sus hijos también participaban de las actividades del centro cultural.

Después, la fiscala Elvia Catalina Chávez presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral, donde se ratificó de su acusación. Citó a los testigos que declararon, especialmente, las personas que sufrieron daños en su salud por los ruidos molestos que no le permitían dormir.

Incluso, la agente presentó informes de la Municipalidad que señalaban que el Centro Cultural La Chispa aún no tenía licencia comercial, a más de la suspensión de actividades, entre otros.

Sobre este punto, la defensa sostuvo que La Chispa sí tenía patente y licencia comercial como centro cultural y que esto incluso consta en la propia carpeta fiscal.

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible un recurso de apelación promovido contra el rechazo de la recusación del Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo. Con ello, destrabó la causa que ya lleva 18 años, contra el médico Álder Augusto Mendoza, procesado la muerte por supuesta negligencia de la joven Liz Romina Zárate Licitra (17), en marzo del 2007.
Samuel González Valdez, ex intendente de Arroyito, Concepción, ya cumple con su condena de 5 años de cárcel. El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, determinó el cómputo definitivo de la pena. Fue sentenciado por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, con un perjuicio patrimonial de G. 722.600.000.
El representante de la previsional, José González, dijo que las fotos publicadas datan de años anteriores, cuando él aún no era director jurídico del IPS. Sostuvo que ahora está acompañando denuncias de víctimas en contra del esquema.
Funcionarios de la Dinac y empleados de aeropuertos se confabularon para plantar droga en una maleta que iba a España, según determinó un tribunal que ahora los sentenció. La Fiscalía demostró la participación de los acusados.
Los abogados defensores de la imputada Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, procesada en el caso A Ultranza Paraguay, solicitaron al cónsul general de la República de Uruguay su intervención en el citado proceso, teniendo en cuenta que su detención no fue comunicada al Consulado, sino que se dio aviso 55 días después.
El Banco Nacional de Fomento sigue sin mostrar apertura hacia la Comisión Especial del Congreso que investiga la mafia de los pagarés, pese a las irregularidades en las que estaría implicado, como el descuento de salarios a funcionarios y la supuesta entrega de esos fondos a una empresa privada para su administración.