14 sept. 2025

Fiscalía pasa por alto disposición y deja impune a cuñado de cartista

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Advertencia. El Ministerio Público puso a conocimiento de la ciudadanía mediante redes, lo dispuesto en la ley.

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La Fiscalía deja hasta el momento impune el caso del cuñado del diputado Orlando Arévalo, Eduardo González, quien debió ser procesado, tras las denuncias de que habría efectuado varios disparos, en medio del festejo navideño.
Al final deja la sensación de que se aplica una Justicia selectiva al pasar por alto su propia advertencia, que incluso se divulgó a través de su cuenta en X, de que hacer disparos al aire tiene pena privativa de hasta 5 años.

Con el actuar del fiscal José Luis Casaccia, quien salió en defensa del familiar del legislador cartista, se echa por tierra la vigencia de una justicia independiente.

Este nuevo caso polémico, que envuelve al citado agente, pone en la mira a los demás representantes del Ministerio Público, por el hecho de no respetar ni siquiera la línea impuesta 24 horas antes del incidente que protagonizó el cuñado del diputado.

Casaccia, en lugar de hacer cumplir la ley, defendió al familiar de Arévalo. De este modo, se demuestra que existen agentes de la propia Fiscalía que bloquean investigación de familiares de políticos y aplican la ley de manera selectiva.

Tras la polémica con lo acontecido, se dispuso un sumario administrativo a Casaccia y, posteriormente, surgió la información de su traslado a Edelira, Itapúa.

Cabe recordar que Arévalo, además es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Amenaza. A raíz de esta situación, el pasado 26 de diciembre, Casaccia fue consultado en un programa de la radio Monumental 1080 AM, por su actuar y si hubo intervención política, ya que no permitió ni la prueba de alcotest ni de parafina, clave para determinar responsabilidad del encausado.

El mencionado fiscal no solo se ofuscó y pretendió minimizar el caso sino que hasta lanzó una amenaza al periodista que realizaba la entrevista, y quedó la duda de que el mismo estuvo en un aparente estado etílico.

El agente fue citado y emplazado por 10 días para presentar su defensa, contados desde el día siguiente de la notificación que dio inicio al sumario en su contra.

Antecedentes. El 28 de noviembre de 2013, el entonces titular del Congreso Nacional, senador Roberto Acevedo (ya fallecido) denunció ante el JEM al agente fiscal José Luis Casaccia y a la jueza penal de Garantías, Norma Salomón Marín, por haber dejado en libertad al presunto narcopolicía Águedo Ronaldo Lezcano Paredes (38), suboficial primero de la Policía.

El ex uniformado, quien había sido aprehendido por agentes del Departamento de Investigación de Delitos en aquel tiempo, es hermano del ex diputado colorado por Amambay, Marcial Lezcano Paredes.

El suboficial Águedo Lezcano fue imputado por Casaccia, y la jueza Salomón Marín hizo lugar a la acusación y al pedido de prisión preventiva.

Pero pasados los seis meses, no se realizó la pericia química, y Casaccia solicitó el sobreseimiento provisional.

Además, para el ex titular del Congreso, Casaccia respondía a la narcopolítica dado que sus actuaciones así lo hacían sospechar.

De vuelta, para el 28 de octubre de 2014, el caso prosiguió y finalmente el JEM resolvió que tanto Casaccia como la jueza Salomón finalmente fueran suspendidos sin goce de sueldo por un período de tres meses.

Finalmente, esta semana el Ministerio Público dispuso el traslado del fiscal sumariado a Edelira, Itapúa.

De esta forma se convertirá en el reemplazo del agente fiscal Carlos Walter Lugo.

Prevaricato. El hecho punible de prevaricato está contemplado en la ley y varios miembros de la administración de Justicia ya fueron ante el JEM por denuncias de esta naturaleza.

El prevaricato es en esencia un delito que se da cuando un funcionario público, como un juez o un administrador actúa de manera injusta y arbitraria, emitiendo decisiones que van en contra de lo que la ley establece. En este caso, algunos referentes de la oposición consideran que Casaccia habría obstruido la finalidad de la Justicia, ya que solo horas antes de que sucediera el caso del cuñado del diputado Orlando Arévalo, el Ministerio Público advirtió en redes (ver imagen), que hacer disparos al aire está tiene una pena privativa de libertad hasta 5 años.

Sin embargo, los propios opositores consideran poco probable que el JEM, que está dominado por el cartismo, actúe de oficio pese a la notoriedad del asunto en que el fiscal se ve involucrado. Esto porque Arévalo y su esposa Carolina González, son miembros mimados del oficialismo, y Arévalo fue titular del JEM y actual miembro.

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José Luis Casaccia

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