El senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, alertó que el actual Gobierno entró a debilitar las instituciones para enriquecer a las empresas ligadas al presidente Santiago Peña, con lo que el Estado se vuelve más endeble para el crimen organizado.
Criticó que el Ejecutivo haya desmantelado la Secretaría Anticorrupción, que haya restado atribuciones de control a la Contraloría y como tercer punto, haber matado la Ley de Conflicto de Intereses.
“Por supuesto que iban a matar esta ley, si este es el Gobierno de las puertas giratorias. De la empresa petrolera de Cartes a Petropar, del banco de Cartes al Ministerio de Economía, del banco de Peña al Banco Central, claro que iban a querer matar la ley de puertas giratorias”, manifestó.
“Qué fácil que una empresa sea exitosa cuando tiene todo el dinero del Estado como depósito. Usa dinero del Estado para sus negocios y, aparte, el Estado le da negocios”, fue el reclamo del senador.
La polémica Ley de Conflicto de Intereses fue promulgada por Mario Abdo en el 2023 y modificada por iniciativa de Santiago Peña.
El presidente, a través del bloque oficialista en el Congreso, había eliminado las puertas giratorias, las sanciones y las declaraciones de intereses, cuando fue promulgada en enero del 2024.
Varios de sus ministros fueron ex gerentes de las empresas que estaban ligadas al ex presidente de la República, entre ellos Carlos Fernández Valdovinos (Economía), Claudia Centurión (Obras) y Eddie Jara (Petropar).
LEY DE DATOS. Filizzola también hizo referencia a la Ley de Datos Personales, y en ese sentido cuestionó que se haya modificado, afectando a la transparencia y bajo el argumento del derecho a la privacidad se apunte a ocultar información pública.
“El derecho a la privacidad tiene sus límites cuando hay intereses públicos”, señaló.
La iniciativa fue ratificada por la Cámara de Diputados la semana pasada y contiene un artículo que interfiere en la transparencia administrativa del Estado, por lo que senadores de la oposición pidieron que Peña vete parcialmente la normativa. Advierten que podría generar obstáculos para acceder a las declaraciones juradas.
