Para investigar las serias denuncias, el Ministerio Público designó a la agente fiscal Yolanda Portillo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Se encargará de analizar el presunto cobro indebido de honorarios y lesión de confianza de funcionarios de las Fuerzas Armadas del Ejército.
La denuncia es contra Luis Gonzaga Garcete Espínola, comandante de las Fuerzas Militares y su esposa Lucía Duarte de Garcete, quienes supuestamente cobraron dinero del Estado de manera irregular.
Lucía Duarte de Garcete cobraba alrededor de G. 3.500.000 todos los meses sin asistir a su puesto de trabajo en el Ministerio de Defensa. Esta mujer, a su vez, se dedicaba presuntamente a ejercer otras labores en una empresa privada durante el mismo horario laboral, específicamente como presidenta de la Fundación Nuestra Señora de la Asunción (FUNSA).
En la denuncia consta que entre los años 2008 y el 2010 la esposa del Comandante habría fijado domicilio en el Brasil, mientras seguía cobrando su salario en los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional.
El hecho de corrupción se extendió, presuntamente, a más de un cobro indebido de honorarios, ambas personas denunciadas también utilizaban la infraestructura y los recursos humanos de las Fuerzas Armadas en beneficio de la FUNSA, es decir, para el desarrollo de las actividades de la fundación disponían de funcionarios militares, camiones y ómnibus de las FFAA.
Por otra parte, la denuncia contra el comandante Luis Gonzaga Garcete indica la supuesta utilización de recursos humanos en quehaceres de tipo particular y no de las funciones asignadas en el ámbito castrense.
Los funcionarios a cargo del jefe militar, según la denuncia, se desempeñaban como choferes de la esposa e hijos del general, además de realizar trabajos de tipo doméstico para la familia de Garcete.
