Una casona histórica ubicada en una propiedad de 5 hectáreas en la ciudad de Luque, del Departamento Central, fue demolida y una familia quedó en la calle a consecuencia de ello.
Supuestamente, mediante una orden judicial de origen falso se dispuso el desalojo de los ocupantes, que son descendientes españoles.
Una comitiva encabezada por la fiscala Sandra Ledesma allanó a tempranas horas de este viernes la vivienda de la actuaria judicial que firmó el documento y encontró evidencias que podrían involucrar a más personas.
El Ministerio Público no descarta que se trate de una estructura que involucre a funcionarios del Poder Judicial.
“Estamos realizando la investigación para saber quién fue la persona que inició el juicio, cómo llegó a un oficial de Justicia una orden de desalojo de una jueza, luego de que ella falleció hace un año”, indicó la representante del Ministerio Público a Telefuturo.
En prosecución del caso ya se realizaron otros procedimientos, que siguen en curso esta jornada.
Denuncian también daño ambiental en el predio
La senadora Georgia Nani Arrúa, del Partido Patria Querida, denunció el caso ante el pleno del Senado en la sesión ordinaria del jueves y solicitó la intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) porque en el predio de grandes extensiones también se registró daño ambiental.
La legisladora manifestó que el inmueble contaba con un bosque, del que fueron derribados árboles de trébol, guatambúes y otras especies nativas.
“Están fundiendo, están tirando tierra encima de naciente. Esto es gravísimo. Ya existe una denuncia hecha ante la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía y el Mades. Pero, no existe intervención hasta el momento”, acotó.
La propiedad pertenece desde 1991 a la familia Sopeña, que fue desalojada en un juicio que denuncian que fue ilegal. Anteriormente, era la quinta del político liberal y ex presidente de la República José Patricio Guggiari (1928-1932).
