Un Tribunal de Apelación anuló la acusación de la Fiscalía y ordenó el sobreseimiento definitivo de Édgar Melgarejo, ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y otras cinco personas que fueron acusadas por lesión de confianza en el caso conocido como “tapabocas de oro”.
Para la Fiscalía, el Tribunal de Apelación anuló la acusación aun cuando los requerimientos fiscales no son anulables, además de dictar el sobreseimiento definitivo como consecuencia de dicha nulidad, por lo que interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Con relación al primer agravio, el Ministerio Público indicó que la nulidad de la acusación se contrapone a posturas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, que sostienen que no puede anularse un requerimiento del Ministerio Público.
“De la misma forma, con respecto al segundo agravio, que consiste en la exigencia de congruencia y exactitud entre el relato fáctico (sucinto) de la imputación y la indagatoria por un lado y el relato pormenorizado (preciso y circunstanciado) de la acusación por el otro, la Corte Suprema de Justicia ha adoptado como postura que el principio de congruencia solo es requerido entre la acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia definitiva, y no así entre imputación, indagatoria y acusación fiscal”, remarcó.
Por consiguiente, consideró que mediante la resolución recurrida se ha llegado a una situación de impunidad grave, puesto que la investigación tuvo como objeto la adquisición de bienes (tapabocas) por parte de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de una manera gravosa para el Estado paraguayo y en un momento sensible para la sociedad (pandemia).
“Además, puede decirse que el sobreseimiento definitivo dictado de manera ilegítima en la presente causa genera una situación de mayor sensación de corrupción pública en la ciudadanía”, consideró.
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Anulación de acusación
El hecho se dio tras un fallo dividido de los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Auadre y José Waldir Servín, quienes dispusieron la anulación de la acusación fiscal por falta de indagatoria previa y el sobreseimiento definitivo.
La decisión judicial también benefició a Juan Carlos Turitich, Marcelo Ovelar, Luz Chamorro y Fernando Gallardo, quienes también estaban procesados en la causa.
Para el Ministerio Público, hubo un daño patrimonial de G. 119.960.000 con la compra sobrefacturada de los tapabocas para funcionarios durante la pandemia por el Covid-19.
De acuerdo con las pesquisas, Melgarejo, con la colaboración de Turitich, Ovelar, Chamorro Báez y Gallardo, habría llevado a cabo los procesos licitatorios para adjudicar la compra de las mascarillas de la empresa Global SA, representada por Toñánez Vera y Vargas Franco.
El hombre se vio obligado a renunciar a su cargo por el escándalo de las presuntas sobrefacturaciones.
En el año 2023, el ex funcionario fue declarado como significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos.
