El fiscal Édgar Sánchez fue quien imputó al político liberal Efraín Alegre por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por uso de documentos públicos de contenido falso.
El caso tiene que ver con la investigación de una denuncia presentada por Silvio Concepción Martínez Mendoza, propietario de la estación de servicios Catedral (Puma), quien denunció en enero pasado la supuesta falsificación de una factura de combustible presentada por Alegre ante la Justicia Electoral.
De acuerdo con la denuncia, el documento en cuestión tiene que ver con una factura por G. 98 millones a nombre de la institución política, emitida en julio de 2018.
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Por el caso también fueron imputados Pascual Benítez y Luís Moriz, administradores del PLRA.
Sánchez, en comunicación con radio Monumental 1080 AM, explicó que la imputación del presidente del PLRA es en calidad de coautor, atendiendo que avaló el documento en ejercicio de su función como ordenador de gastos de la institución.
El fiscal solicitó la comparecencia de los imputados ante el Ministerio Público, la prohibición de salida del país y una fianza real de G. 100 millones para cada uno.
Detalló que la expectativa de pena es de entre uno a cinco años para dos de los delitos, mientras que para otro es solo hasta tres años.
Sobre el proceso, el agente del Ministerio Público señaló que tiene en su poder otras facturas pertenecientes a la rendición de cuentas del PLRA, las cuales también serán analizadas en el marco de la investigación.
La imputación se da en medio de varias exclusiones dntro del directorio del PLRA, impulsados por el propio Efraín Alegre. Son 13 los políticos que integran la lista de excluidos.
Alegre además había solicitado una convención para tratar la expulsión de siete miembros de la bancada A llanista en el Senado, capitaneado por el senador Blas Llano.
