Tras una denuncia de la firma Bem Estar Clínica Estética SA, la fiscala Natalia Montanía imputó a los directivos de Indufar Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Monserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes.
Según la denuncia, supuestamente, estos causaron un perjuicio patrimonial estimado en USD 4.014.072, detectado tras una pericia particular. Se habla de supuestas maniobras relacionadas con la producción y distribución de tirzepatida, un medicamento utilizado para tratamiento de diabetes, pero que últimamente se utiliza para el tratamiento de la obesidad.
El juez de Garantías de Ciudad del Este Nelio Prieto admitió la imputación y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación y los citó para la imposición de medidas.
¿De qué se les imputa?
Según la imputación, la clínica estética fue despojada de su posicionamiento en el mercado de la tirzepatida, perdió su cartera de clientes y quedó con un stock de 20.882 cajas grandes del producto, valuadas en USD 1.124.000, que se volvieron invendibles debido a presuntas maniobras atribuidas a su socio comercial, Indufar.
La investigación fiscal sostiene que ambas empresas habían firmado acuerdos comerciales para la producción y distribución exclusiva de productos elaborados con tirzepatida.
En ese contexto, dijo la Fiscalía que Bem Estar entregó información comercial reservada, su proyección de ventas y la fórmula del producto, dentro de la relación comercial acordada.
Sin embargo, Indufar dejó de abastecer a la distribuidora, que tenía la exclusividad, y comenzó a surtir a varias farmacias vinculadas a los directivos, denominadas Farmanext, Farmawell, Farmácia do Sul, Farmacon y Farmafoz.
Todo esto se habría cometido con los datos proporcionados por la empresa denunciante, que dejó de recibir su porcentaje. También se introdujeron cambios en la presentación del producto, entre otros detalles, explica la fiscala Montanía.
De acuerdo con la imputación, los hechos formarían parte de un supuesto esquema coordinado para apropiarse del mercado de distribución de tirzepatida, captar clientes de Bem Estar y direccionar productos hacia otros canales de comercialización.
Indufar rechaza imputación
La abogada Bettina Legal, representante de los directivos de Indufar, consideró “lamentable” la imputación y habló de que “pretenden penalizar una cuestión civil”.
Siguió detallando que la empresa comercial e industrial tiene conocida trayectoria, que más de 1.000 familias dependen de ellos y que siempre se manejaron “bajo las reglas”.
Legal reconoció que tuvieron un acuerdo comercial con Bem Estar Clínica SA, pero que luego firmaron un distrato (extinción del contrato) y que esto la Fiscalía o no conoce o no tiene en cuenta, expresó.
En un comunicado, Indufar detalló que “el 2 de junio de 2025, ante escribana pública, ambas empresas suscribieron un Acuerdo de Terminación por Mutuo Consentimiento que declaró el contrato anterior “cumplido a cabalidad’”.
“Firmaron ese cobro en concepto de indemnización, diciendo que no tenía más nada que reclamar y después nos aparece esta imputación que hasta diría que es una imputación de favor a los efectos de presionar”.
Este distrato extinguió expresamente el acuerdo de confidencialidad y dejó constancia de que “no existe reclamo alguno de ninguna naturaleza”, habiéndose pagado USD 150.000 y con una “renuncia expresa a todo reclamo previo”.
“Ese instrumento no fue mencionado, valorado ni descartado por el acta de imputación”, mencionaron.
La abogada Bettina Legal mencionó que los denunciantes quieren reclamar un cumplimiento de contrato civil, pero que lo hacen en el ámbito penal, “como un barrote para sentarse a negociar seguramente las condiciones de ese contrato que quedó parcialmente vigente”, dijo.
Ni el hecho punible de lesión de confianza, ni estafa ni la asociación criminal caben acá, dijo la defensora, ya que “en este caso, una empresa constituida legalmente jamás en la vida puede ser una asociación criminal”.
“Tiene mucha falencia esa imputación”, continuó.
Negó que se le dejó sin stock a Bem Estar, porque terminó el contrato y que ellos aceptaron los USD 150.000.
“Firmaron ese cobro en concepto de indemnización, diciendo que no tenía más nada que reclamar y después nos aparece esta imputación que, hasta diría que es una imputación de favor, a los efectos de presionar un poco para sentarse a negociar”, concluyó.
