A pesar de la evidencia presentada por su propia Dirección Ambiental, la Fiscalía paraguaya continúa sin tomar medidas en las tres causas iniciadas contra la empresa Terminal Occidental SA (TOSA) por las inundaciones que habría provocado en el barrio Vista Alegre de Chaco’i.
En julio de 2023, una comitiva fiscal constató el impacto ambiental en la zona, donde unas 20 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la fuerza del agua.
El acta N° 1-10845/23, elaborada a pedido del fiscal Irán Suárez, documentó viviendas inundadas y atribuyó la situación a un “impacto negativo no previsto” de la construcción del camino vecinal por parte de TOSA.
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Se descubrió incluso una motobomba extrayendo agua de lagunas colindantes, como un intento de drenaje.
Ese día, representantes de la empresa hablaron con la comitiva fiscal, atribuyendo a las obras en la ruta PY09 como causante del aumento de carga del agua de lluvias en el sector del camino.
Informe de la Fiscalía
Un segundo informe de fiscalización N° I-12303/2024, realizado en julio del 2024, por la fiscala Norma Paredes –quien lleva adelante otra investigación penal– y la Dirección Especializada de Delitos Ambientales (DEDA) confirmó la elevación del terreno para la construcción del camino vecinal; este, sin un “mecanismo de paso de agua acorde al volumen de agua constatado”, según el documento fiscal al que accedió Última Hora.
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El propio informe de la DEDA, emitido en febrero de este año, fue aún más explícito, concluyendo que la construcción del terraplén (camino vecinal) actuaba como un dique que obstruía el paso de las lluvias y era la causa directa de las inundaciones.
También menciona que la obra no tenía puentes ni alcantarillas.
El informe recordó la obligación de TOSA de evitar impactos negativos y su “responsabilidad como proyectista” por daños a terceros.
A pesar de este dictamen técnico, la fiscala Norma Paredes sigue sin sacar ninguna resolución en la causa.
El abogado Marcos Paredes, quien representa a las familias afectadas, recordó que este es un “dictamen técnico concluyente”, “que establece fehacientemente la existencia de un daño ambiental real, producido por una intervención sin obras de ingeniería”.
Pese a eso, alegó que se están enfrentando a un “conflicto de criterios que ha derivado en la posibilidad que se intente una desestimación”.
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Desde ÚH intentamos hablar con los fiscales de ambas causas, pero no respondieron a nuestros contactos.
Intervención
Hoy, la comunidad de Vista Alegre exige una intervención estatal real y urgente, así como la revocatoria del permiso ambiental a TOSA y la remediación ambiental inmediata del área afectada, o, en todo caso, la indemnización a las familias damnificadas.
Reclaman que la Fiscalía no actúa, pese a informes y que el Ministerio del Ambiente (Mades) cierra los ojos ante el drama que soportan hace años.
En sus actas, esta última institución verificó “una afectación directa a las viviendas aledañas al camino vecinal”.
La abogada Linda Monges, quien también defiende a pobladores, dijo que se espera que la Fiscalía adopte una decisión, “esencial para proteger derechos colectivos como la integridad del medio ambiente”.
Desde ÚH intentamos comunicarnos con representantes de asesoría legal de TOSA, pero no obtuvimos respuesta.
