Los abogados Marcos Paredes, Linda Monges y Gustavo Fernández denunciaron complicidad institucional y falta de fiscalización efectiva. Piden que los casos no queden impunes.
El primer caso se denunció en el 2023, ante el fiscal Ariel González. Ya en esa época los pobladores hablaron de que se conformó una mesa con los vecinos y la empresa.
Según la denuncia, allí se habló de que se iba a mantener la colonia y se iba a mejorar la provisión de agua, potenciar el tendido eléctrico y caminos de todo tiempo.
Aquel año, la empresa comenzó a refular (extraer arena del río) y a tirar el excedente de agua, haciendo supuestamente que se inunden las casas, “arrasando lo que encuentre en su camino, perjudicando cultivos, animales, y las modestas casas”, denunciaron.
El reclamo fue que las familias ya no podían ingresar a sus hogares, por lo que varios tuvieron que migrar. La causa no avanzó hasta ahora.
Las otras causas
El otro caso inició en mayo de 2024, y lo lleva adelante la fiscala Norma Paredes. Allí ya denunciaron que se dragó el riacho Cabañas, dejando bajo agua los terrenos. Supuestamente la empresa se comprometió a asumir los perjuicios, pero no lo hizo, aseguran.
En julio de 2024, la fiscala hizo una constitución con una comitiva del Mades y la Policía, donde se “constató la conformación de terraplenes que no poseen alcantarillas, que genera un efecto represa y no deja escurrir las aguas hacia el río Paraguay”, según el acta.
“En consecuencia, se genera acumulación de agua, e inunda las casas de los pobladores”, se lee en el acta de la Fiscalía.
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Ese día se hicieron el relevamiento de partes georreferenciadas y la constatación de obras. Tampoco en esta causa hay imputados.
La tercera denuncia ingresó en junio de 2024, y tomó el caso el fiscal Irán Suárez, quien en julio de ese año se constituyó en el lugar, llevando una comitiva del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Dirección Especializada en Delitos Ambientales (DEDA).
Ese año también, dos hermanitos, de 7 y 10 años, fallecieron. Se ahogaron en la laguna formada sobre el camino vecinal. Se inició otra causa sobre eso, pero un año y tres meses después del trágico suceso, en esa investigación no hay un solo imputado.
(Los niños) se ahogaron en mi terreno. Cosa que nunca iba a pasar si la empresa no cerraba los cauces, porque no era tan profundo ese riacho.
Imputan a pobladores
A diferencia de las causas iniciadas por pobladores, la Fiscalía sí actuó rápido tras una protesta que estos hicieron.
En el 2019, antes de conseguir la concesión del Gobierno, la empresa ya estaba haciendo obras. El 24 de julio de ese año, pobladores iniciaron una protesta en el camino que estaban haciendo.
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El acta policial habla de 20 personas encabezadas por Julia María Núñez y Virgilio Amarilla, y que esta “culminó sin inconvenientes”.
Ese mismo día, el fiscal Irán Suárez ordenó la detención de los dos, por “ubicar a manifestantes en el acceso de la empresa TOSA, obstruyendo el paso’”.
El 29 de julio de 2019, el fiscal los imputó por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y coacción. Sin embargo, obtuvieron criterio de oportunidad y fueron sobreseídos en marzo de 2023.
Desoyen dictámenes. Pobladores denuncian que siguen sin poder acceder a sus hogares, y que pese a los dictámenes de impacto ambiental negativo, la Fiscalía sigue sin imputar a los presuntos responsables de las obras.
